Diputación de Cádiz adelantará 70 millones a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz va a adelantar 70 millones a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación, una medida que implica la concertación de tres pólizas de crédito con el mismo importe, se ha aprobado en el último Pleno ordinario del año, celebrado este miércoles 17 de diciembre en el Salón Regio del Palacio Provincial.

En la sesión, presidida por la titular de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, la Corporación Provincial se ha puesto de acuerdo para sacar adelante temas relacionados con el sector de la pesca artesanal, ordenación del territorio, rehabilitación de viviendas y reivindicaciones laborales relacionadas con conflictos colectivos, entre otros asuntos.

En una nota, Diputación ha detallado que en relación al apartado económico, se encuentra la aprobación por unanimidad de tres operaciones que suman un importe de 70 millones de euros, una cantidad que servirá para anticipar a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación hasta el 75% de la previsible recaudación en concepto de impuestos IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) e IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas).

La cifra se obtendrá de la formalización de tres pólizas de crédito con Caja Rural del Sur (15 millones de euros), Unicaja (50 millones) y Bankinter (cinco millones de euros).

Como se ha señalado, las operaciones no suponen carga financiera para la Diputación y no computan a los efectos de los límites previstos en la normativa de haciendas locales.

A este respecto, el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha explicado que se trata de "una costumbre" que la Diputación lleva a cabo cada año por estas fechas para facilitar a los ayuntamientos, "sin importar su color ideológico", que "no se vean ahogados y puedan asumir sus compromisos".

En cuanto al capítulo de propuestas, el grupo del PSOE ha puesto sobre la mesa la situación de las viviendas de protección oficial de la urbanización La Colada en Alcalá del Valle. Es una promoción "de más de 30 años" de titularidad de la Junta de Andalucía que, según ha expuesto el portavoz socialista, Javier Pizarro, presenta "patologías graves" que incluso "ponen en riesgo a los residentes".

El Pleno ha acordado por unanimidad instar a la Junta y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz a que proceda a su rehabilitación.

El grupo de Izquierda Unida, liderado por Ramón Galán, ha propuesto apoyar a las trabajadoras del colectivo de limpieza de la Universidad de Cádiz, en conflicto laboral en contra de lo que califican como un "ERE encubierto". La propuesta incluye instar a la Universidad para que medie en la negociación entre empresa y empleadas y así "alcanzar un acuerdo justo".

La propuesta ha sido aprobada con el voto afirmativo de todos los grupos y la abstención del PP, sobre la base de que, a pesar del "apoyo, respaldo y sensibilidad ante cualquier conflicto laboral", la Diputación no tiene competencias en la materia.

Sebastián Hidalgo, diputado del grupo La Línea 100x100, ha expuesto el "insuficiente" balance de ejecución del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste, aprobado en el 2011, lo que ha supuesto la pérdida de oportunidades de desarrollo y mejora a los municipios de la zona como Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena.

A colación, el Pleno ha aprobado, con la abstención del PP, expresar el compromiso de la Diputación con la reactivación y "ejecución efectiva" del POT de la Costa Noroeste, instar a la Junta a evaluar el grado de cumplimiento de este instrumento desde su aprobación y solicitar la actualización del Plan, "incorporando los nuevos retos territoriales, climáticos, sociales y económicos de los municipios".

También ha salido adelante un acuerdo para que en el futuro real decreto de reparto del atún rojo se tenga en cuenta la situación de "emergencia socioeconómica" del sector pesquero artesanal de la provincia y se incluya a las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara como beneficiarias en la cuota de reparto, "atendiendo a que son las más afectadas por el alga invasora asiática, el cambio climático y la pérdida masiva de caladeros", ha defendido el diputado del grupo del PP, Antonio Aragón.

Además, se pide una cuota complementaria para "equilibrar el desfase" en los puertos de Tarifa y Algeciras.

El grupo socialista ha propuesto a este respecto la introducción de un par de enmiendas con el fin de incluir en el reparto a la almadraba de Sancti Petri y ampliar la comunicación de este acuerdo a todas las almadrabas de la provincia, algo que el grupo popular no ha aceptado porque esta moción se centra en un sector, el pesquero, que lleva "muchísimos años castigado" y no en el de las almadrabas, según Aragón.

La iniciativa se ha aprobado con los votos afirmativos de todos los diputados y diputadas, menos del socialista José María Román, que ha emitido un voto particular en contra.

Durante la sesión plenaria, se ha aprobado además por unanimidad la aplicación de incrementos retributivos relativos a 2025 y 2026 para miembros de la Corporación y personal empleado de la Diputación, como consecuencia del Real Decreto-Ley 14/2025, así como prorrogar cinco años más el acuerdo sobre jubilaciones anticipadas y mejoras de las incapacidades, eliminando un punto sobre el límite de edad requerido para la incapacitación en condiciones favorables.

Entre otros asuntos, se ha aprobado también, con la abstención del PSOE, el reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar varias facturas de diverso importe.

Terminado el Pleno, una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte ha leído un escrito sobre el "estado de abandono" y "falta de seguridad de la carretera de El Marquesado", de la que es titular la Diputación. Al respecto, el diputado de Cooperación, Javier Bello, ha explicado que en esta vía se invirtieron en 2024 "más de 290.000 euros", en el marco del anterior Plan Provincial de Carreteras.

"La realidad de lo que ocurre" es que "se ha convertido en una carretera dentro del núcleo urbano y tiene unas necesidades especiales que la Ley de Carreteras no contempla", ha sostenido. Así, ha expresado que la solución pasa por "valorar con el alcalde si esa carretera tiene que dejar de estar en el catálogo de la red de carreteras provinciales y pasar a ser una avenida de Chiclana", es decir, que el Ayuntamiento asuma la titularidad.

Bello también ha propuesto alcanzar una acuerdo para que sea el Consistorio chiclanero, a través de una subvención, el que acometa las mejoras necesarias en la vía, una vez obtenga la titularidad.