CÁDIZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) y la Diputación han suscrito un convenio por el que se encomienda a la administración provincial, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRyGT), la gestión y recaudación de sanciones administrativas por infracciones cometidas en este municipio. El acuerdo tiene una validez de cuatro años, prorrogable anualmente una vez pasado este plazo.
Según ha indicado la Diputación en una nota, Jesús Solís (PSOE), diputado del área de Servicios Económicos, y el alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), han coincidido en mostrar su satisfacción por la implantación de este servicio que la Diputación ha puesto en marcha desde finales del año 2016 y con el que se pretende dar satisfacción a las demandas de los ayuntamientos de la provincia para ser asistidos en esta materia.
La casuística de estas infracciones es variada, ya que dentro del convenio se incluye la gestión y recaudación de sanciones por incumplimiento de la normativa de medio ambiente, seguridad ciudadana, espectáculos públicos, tenencia de animales u orden público, entre otras.
A través del presente convenio con el Ayuntamiento de Vejer, que incluye la realización de todas las actuaciones materiales y de instrucción del procedimiento sancionador, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria procederá a la prestación de un servicio que ya han firmado convenios otros ayuntamientos de la provincia como Barbate, La Línea, Villamartín o Chiclana de la Frontera y que tiene vocación de ampliarse a más ayuntamientos en el futuro.
Las infracciones administrativas contempladas en el convenio se refieren a la normativa reguladora de la protección de animales, por tenencia de animales potencialmente peligrosos, contra la seguridad ciudadana, las derivadas del comercio ambulante, a la normativa reguladora de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros, por ruido, las relativas a determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos, a la normativa sobre defensa y protección de los consumidores y usuarios, así como a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.
También hace referencia a la normativa sobre armas, a la normativa sobre uso, disfrute y aprovechamiento de las playas, a las relativas a la convivencia ciudadana, a la normativa reguladora de ferias, a las relativas al absentismo y la convivencia escolar y a la normativa de servicios de transporte público de viajeros en turismos.
Esta encomienda de gestión alcanzará todas las actuaciones materiales de tramitación de los expedientes sancionadores, la gestión de cobro en periodo voluntario. Por otra parte, la recaudación ejecutiva de las sanciones impuestas se desarrollará en el mismo régimen establecido en el convenio vigente entre ambas administraciones en materia tributaria.
La encomienda también contempla el estudio de las alegaciones o recursos en vía administrativa que pudieran derivarse de la tramitación del procedimiento desde el inicio de éste hasta la emisión, en su caso, de la resolución sancionadora y la defensa de los expedientes en vía contenciosa-administrativa, en concordancia con lo establecido en la cláusula de actuaciones judiciales incluida en el convenio.
