SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, subrayó hoy el "esfuerzo titánico" que supone para la Administración la adaptación de los mecanismos a la Directiva Europea de Servicios, "una normativa amplia que otorga seguridad jurídica, otorga eficiencia y supone una oportunidad para las empresas y para la internacionalización.

En comparecencia parlamentaria, la consejera explicó que supone una mejora del marco regulatorio que procura una "mayor eficiencia, productividad y empleo y garantiza la calidad de servicio, dando una oportunidad para dinamización el sector, crear empresas e internacionalizarlas.

En este sentido, indicó que Andalucía adoptará un decreto ley para adaptar dicha directiva europea, que afectará a 16 normativas, entre las que mencionó el comercio interior, ambulante, turismo o al sector del juego.

"Era oportuno garantizar la seguridad jurídica para prestadores de servicios que quiere desarrollar su actividad en Andalucía", añadió la consejera, que recordó que el Parlamento andaluz aprobó la tramitación de dicha legislación el día 27 de febrero y se encuentra en fase de intervención de los agentes sociales.

Martínez Aguayo precisó que se trata de la "búsqueda de un cambio de paradigma" que elimine trabas y reduzca trámites para que la administración "no estructure los servicios basados en un principio de desconfianza, sino que apele al desarrollo de sectores maduros y competitivas".

"Habrá que desarrollar de forma más intensa la inspección y no la estructura de autorización, que era la vía utilizada", aclaró la titular de Economía, que advirtió de que "quienes vienen a trabajar en aras de su libertad a España tendrán que adaptarse a su normativa".

"PELIGROS" PARA ANDALUCÍA

Por su parte, el parlamentario de IULV-CA Pedro Vaquero del Pozo aseguró que esta directiva europea, "que no dará mayores niveles de eficiencia, tendrá peligros para una economía con escaso nivel de competencia relativo, como es Andalucía".

Así, insistió en que la trasposición que se haga de la directiva europea debe establecer unos "niveles de prudencia" para los sectores más débiles que necesitan elementos de protección y que "con la liberalización de los servicios podrían verse muy afectados". "Ahora hay que habilitar función de control muy importante por parte de la Junta", recalcó.

También, mencionó los posibles "perjuicios" para el comercio ambulante, "que contaba ya con avances que tanto trabajo costaron conseguir", y advirtió de que las empresas que lleguen a Andalucía pueden crear una cierta "competencia desleal si cuentan con particulares regimenes laborales".