MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de CajaSur podría enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros para cada uno de los miembros que la integran por su gestión al frente de la entidad, y a la inhabilitación de hasta diez años para ejercer en el sector financiero, según recoge la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España.

Entre las infracciones tipificadas como muy graves, Cajasur podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al ocho por ciento, mientras que los de la entidad se sitúan en el entorno del tres por ciento.

En concreto, la Ley de Disciplina e Intervención recoge como infracción muy grave "mantener durante un periodo de seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener la autorización correspondiente al tipo de entidad de crédito de que se trate".

El informe de auditoría de Deloitte correspondiente al ejercicio 2009 enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió de que los recursos propios computables de la caja se situaban por debajo de los "legalmente exigibles".

Además, la caja cordobesa podría haber sobrepasado los límites en la gestión de riesgos por su alta exposición al mercado inmobiliario, lo que podría suponer una infracción grave. Por este tipo de infracciones, los directivos de la caja se podrían enfrentar a multas individuales de hasta 90.000 euros o una inhabilitación para ejercer cargos de administración en cualquier entidad por plazo no superior a un año.

El informe de auditoría de Deloitte señala que el deterioro de la economía y el sector inmobiliario elevaron la morosidad de CajaSur hasta superar el ocho por ciento en 2009, y disminuyeron el valor de sus activos provocando resultados negativos, con unas pérdidas de 596,2 millones de euros.

La entidad obtuvo ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias que ascendieron a 682.000 y 731.000 euros en 2009 y 2008, respectivamente, mientras que su explotación alcanzaba los 258.000 y 922.000 euros, en cada caso.

Asimismo, la entidad realizó en 2003 un contrato de compra-venta para la construcción del centro cultural Miguel Castillejo (anterior presidente de la entidad) en el 'Parque Joyero' de Córdoba por valor de 19,59 millones de euros, cuyo coste de amortización ascendían a 25,7 y 26,4 millones de euros en 2009 y 2008.

En 2009, Tinsa realizó una valoración de dicho inmueble por 8,8 millones a partir de las rentas "potencialmente generables" por dicho inmueble. No obstante, el informe resalta que si se considera la situación del inmueble, que presenta "desperfectos en su estructura", la caja ha deteriorado dicho inmueble hasta dejar su coste neto del deterioro y amortización en 1,15 millones. Las pérdidas por deterioro de activos alcanzaba en 2009, 46,6 millones de euros.

La auditora también asegura en su informe que la realización de los activos y la remuneración y liquidación de los pasivos de la entidad por los plazos e importes que figuran en sus cuentas anuales dependía de la ejecución de un Programa de Retorno al cumplimiento del coeficiente de solvencia.

El plan fue aprobado por el Consejo de Administración de la Caja y remitido al Banco de España, y contemplaba que la restitución de los recursos propios se llevase a cabo en el marco de un proceso de fusión de la Caja junto con Unicaja en una nueva entidad, operación que finalmente se frustró por la negativa de la caja cordobesa.

Asimismo, Deloitte señala que CajaSur rebasó para determinados riesgos los límites a la concentración establecidos en la normativa vigente, que según el informe, no puede superar el 25 por ciento de los recursos propios computables para cada grupo.

SANCIONES PARA LA ENTIDAD.

La Ley también contempla sanciones para las entidades financieras. Las infracciones muy graves pueden ser multadas con el pago de hasta el uno por ciento de sus recursos propios o hasta 300.000 euros si el porcentaje fuera inferior a esta cifra, mientras que las graves contemplan multas de hasta el 0,5 por ciento de sus recursos propios o hasta 150.000 euros si el porcentaje fuera inferior a esta cifra. La infracciones leves contemplan sanciones de hasta 60.000 euros.

El Banco de España es el encargado de instruir los expedientes y de imponer las sanciones por infracciones graves y leves. La imposición de multas por infracciones muy graves corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del organismo supervisor, salvo la de revocación de la autorización, que se impondrá por el Consejo de Ministros. Los administradores podrán recurrir las sanciones ante los tribunales.