SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La responsable del sector de Administración Autonómica de CSI-F Andalucía, Alicia Martos, se ha mostrado contraria a que la oferta de empleo público de la Junta y la reordenación del sector público del Gobierno andaluz se negocien únicamente en el seno del VII Acuerdo de Concertación Social, toda vez que "se está incumpliendo con ello el Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la necesidad de interlocución con los sindicatos más representativos, como es CSIF".
En declaraciones a Europa Press, Martos ha explicado que el pasado lunes mantuvo reuniones para analizar la reordenación en el seno de la Consejería de Empleo y de la Consejería de Agricultura, pero apuntó que dichos encuentros "fueron meramente informativos".
Por ello, tras "negar la mayor" y mantener su rechazo a "este nuevo modelo de gestión pública", Martos ha considerado que "toda cuestión relacionada con la oferta de empleo público se halla por encima de cualquier Acuerdo de Concertación y se debe negociar con todos los sindicatos representativos".
"No nos parece correcto que en el VII Acuerdo de Concertación se pueda negociar o plantear la oferta de empleo público", agregó Martos, que espera que la Junta "recapacite" y traslade sus propuestas a todos los sindicatos "en el marco de un diálogo social".
Agregó que CCOO y UGT tienen una propuesta alternativa sobre la reordenación del sector público "que han trasladado a la Junta en el seno de la Concertación", algo que "no nos parece conveniente, pues debe plantearse en el seno de un órgano donde estemos todos los sindicatos representativos presentes, pues somos los legítimos representantes de los empleados públicos".
Martos recordó que el sindicato mantiene su recurso presentado por la vía de vulneración de derechos fundamentales y anunció que ha pedido autorización para celebrar el próximo 4 de noviembre una "macroconcentración" de todos los empleados públicos de Sevilla en las puertas del Parlamento andaluz, ya que "este decreto ley sobre reordenación del sector público nos ha sido impuesto y lo consideramos inconstitucional".
