Las comunidades tendrán que aprobar en el plazo de tres meses un plan para racionalizar sus estructuras administrativas y empresariales

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha advertido a las comunidades autónomas de que graduará los pagos por transferencias no determinados por normas o acuerdos a todos aquellos territorios que no cumplan con los compromisos que pretende acordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reducir un déficit público que ya ha superado el 11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Así consta en la propuesta de acuerdo marco sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas que el Ejecutivo envió ayer a las comunidades autónomas y que se enmarca en el Plan de Austeridad que aprobó el Gobierno el pasado viernes para reducir el déficit al 3 por ciento de aquí al 2013, tal y como exige Bruselas.

Este plan pretende reducir en 50.000 millones de euros el gasto total de las administraciones públicas. La mayor parte del ajuste afectará al Estado (40.000 millones), mientras que el resto, unos 10.000 millones de euros, tendrá que ser asumido por las comunidades autónomas.

De hecho, del total del déficit público registrado en el año 2009 (11,4 por ciento del PIB), más de dos puntos se debieron a los saldos negativos de las comunidades autónomas, que en el año 2011 explicarán más de la mitad del déficit del 7,8 por ciento que espera el Ejecutivo.

La propuesta que ha enviado el Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, aún tiene que recibir el 'visto bueno' de las comunidades en el próximo CPFF, aunque el Ejecutivo sólo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para que prospere, dado que cuenta la mitad de los votos del Consejo.

Las comunidades tendrán también que aprobar en el plazo de tres meses un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, igual que lo hará la Administración Central. Esto puede suponer supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos innecesarios.

En el documento se pide a las comunidades que apliquen un política de contención de gastos de personal desde una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de las oferta de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos. Todas las actuaciones en materia retributiva deben instrumentarse a través del "oportuno y necesario" proceso de diálogo social.

De la misma forma, las comunidades deberán remitir al CPFF un informe trimestral, en términos similares al previsto para la administración del Estado, en el que se analizará el cumplimiento de plazos para el pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la respectiva administración autonómica.

Además, tendrán que incluir en los datos contables que normalmente remiten al CPFF la información anual sobre los gastos realizados y pendientes de aplicar al Presupuesto, según los términos que se acuerden en el próximo Consejo.

DOS GRUPOS DE TRABAJO.

Asimismo, el CPFF debe acordar la creación de un grupo de trabajo que seguirá y valorará toda la información remitida por las comunidades autónomas, y otro grupo que elaborará propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados a las comunidades, con el objetivo de mejorar los mecanismos de colaboración, optimizar los recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y dependencia.

Con todas estas medidas el Gobierno pretende que el conjunto de las administraciones públicas contribuyan en la reducción del déficit a tasas más cercanas al 3 por ciento, el mantenimiento de la deuda por debajo del promedio de los países de la eurozona y la recuperación de su tendencia de reducción para alcanzar en el medio plazo el límite del 60 por ciento establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En el documento, el Gobierno explica el esfuerzo de consolidación fiscal y la austeridad del gasto resultan "esenciales" para garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo y cumplir con los objetivos de estabilidad. "Es imprescindible aplicar una política de consolidación fiscal que cuente con el compromiso y la participación de todas las administraciones", subraya.