CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha querido transmitir este miércoles a los trabajadores de la factoría cordobesa de Locsa, cuya liquidación ha anunciado la multinacional italoalemana propietaria de la misma (KME), que "la Junta va estar con ellos hasta el final", con el deseo de que éste sea "positivo".
En declaraciones a los periodistas, Ávila ha recordado que, ante la crisis de la factoría cordobesa, "la Junta ha mostrado su preocupación desde el principio" y ahora seguirá estando "con los trabajadores y en la búsqueda de cualquier posible solución, para facilitarla".
El consejero ha concluido subrayando que "la conciliación de intereses requiere siempre que haya algún agente" que se implique en ello y, "en ese sentido, políticamente", la Junta quiere "ser parte de esa solución", que ahora, según la pretensión de la empresa, reflejada en la prensa provincial, pasa por la negociación con el comité de empresa de Locsa, a partir de este próximo viernes, de un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) para la factoría cordobesa, después de que la Junta rechazó el que ya presentó KME el pasado abril, al no verlo justificado.
En cualquier caso, la multinacional mantiene la decisión de liquidar su negocio, tanto en Córdoba como en Barcelona, como única vía legal para cerrar la planta cordobesa, lo cual es su objetivo desde que el pasado mes de marzo anunció pérdidas millonarias que justificaban, a su juicio, el cierre de Locsa para el pasado 30 de junio.
Según ha asegurado el director general de KME en España, Andrés Barallobre, se han visto "obligados" a disolver la sociedad debido a la falta de acuerdo con la plantilla cordobesa. De este modo, no sólo se pierden los 120 de puestos de trabajo de Locsa en Córdoba, sino que también serán despedidos otros 30 empleados de las instalaciones de Barcelona. Tampoco se salvarán los traslados previstos, ni la treintena de empleos que, según había dicho anteriormente la empresa, se podían mantener en Córdoba si se conservaba activa la parte de fundición.
Barallobre ha subrayado que no hay marcha atrás y que el siguiente trámite es iniciar el nuevo ERE para toda la plantilla, con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y sin contemplar prejubilaciones, tal y como planteaba en el anterior ERE que la Junta de Andalucía rechazó.
Ahora los planes de KME son que en el plazo de un mes se haya disuelto la sociedad y aplicado el nuevo ERE a todos los trabajadores. Barallobre opina que se cumplen los requisitos legales para la liquidación del negocio, puesto que las pérdidas superan el 40% del capital social y ha dicho lamentar que se haya tenido que ampliar el cese de la actividad a Barcelona.
