SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha dado luz verde a 648 ayuntamientos andaluces para la creación de los registros municipales de demandantes de VPO, una herramienta impulsada por la Junta para conocer la demanda real de este tipo de vivienda y poder así planificar y ajustar sus actuaciones para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en esta materia.

Según ha indicado la Junta en una nota, junto a estos municipios que han recibido ya el informe favorable de la Consejería para la puesta en marcha de estos registros, hay otros 73 consistorios que se sumarán próximamente una vez que adapten sus ordenanzas a los requisitos exigidos por la Junta. En su conjunto, son ya 721 los municipios andaluces los que han presentado sus ordenanzas para adherirse a esta iniciativa.

Los ayuntamientos, que son los responsables de la puesta en marcha y mantenimiento de estos registros, deben recoger en sus ordenanzas municipales las bases que regulen su desarrollo, exigencia que ha de contar con el visto bueno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Todos los municipios de las provincias de Almería y Cádiz cuentan ya con este preceptivo informe autonómico; mientras que en Córdoba han pasado por este trámite 70 localidades; en Granada, 153; en Huelva, 75; en Jaén, 96; en Málaga, 79, y en Sevilla, 102. En Almería, de las 102 ordenanzas informadas han logrado el visto bueno 91; en Cádiz, de las 44 presentadas cuentan con la valoración positiva 43; en Córdoba, 62 de 70; en Granada, 132 de 153; en Huelva, 70 de 75; en Jaén 85, de 96; en Málaga, 67 de 79; y en Sevilla, 97 de 102.

Actualmente, cerca del 70 por ciento de la población andaluza reside en municipios donde es posible inscribirse en este tipo de registros, puesto que sus ayuntamientos --un total de 179-- tienen operativa ya esta herramienta informática diseñada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Por provincias, en Almería ya está en marcha este sistema en 67 municipios; en Cádiz, 32; en Córdoba, 46; en Granada 64; y en Huelva, 45. Por su parte, en Jaén, cuentan con la validación 49 localidades, en Málaga, 34; y en Sevilla, con 62.

Para la implantación de estos registros, Obras Públicas y Vivienda ha prestado su apoyo a los ayuntamientos destinando 3,6 millones de euros en ayudas y ofreciendo formación a los técnicos municipales sobre la gestión y manejo de la aplicación.

Estos registros constituyen un sistema de gestión clave, para el la aplicación efectiva de la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada este año por el Gobierno andaluz, ya que "determinará la demanda exacta de vivienda protegida existente en Andalucía". Estos registros permitirán también a la Administración autonómica conocer el perfil y el número de los demandantes y las características y tipologías de viviendas que se necesitan. Con los datos aportados por estos registros, la Junta y los ayuntamientos podrán elaborar con mayor efectividad los planes de vivienda destinados a cubrir las necesidades existentes en cada municipio.

El registro municipal de demandantes de VPO es el primer método del que dispone la comunidad andaluza para realizar una cuantificación real de la demanda de vivienda protegida, ya que hasta ahora la Consejería de Obras Públicas y Vivienda contaba con estudios y estimaciones que posibilitan una planificación aproximada pero nunca exacta.

Los ayuntamientos tienen la posibilidad de gestionar y manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa de estos registros, después de que la Junta haya puesto a disposición de los técnicos municipales la última fase de la aplicación informática con la que pueden adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos inscritos en las bases de datos.

Este programa informático se ha puesto en marcha en tres fases, de tal manera que los ayuntamientos puedan llevar a cabo la recogida de información de los ciudadanos, la grabación y tramitación de solicitudes y la posterior adjudicación de viviendas. Aunque con estos tres niveles se culmina el desarrollo de todos los módulos del sistema, la Consejería podrá ir incorporando nuevas funcionalidades solicitadas por los municipios para optimizar su uso por parte de los técnicos municipales encargados de gestionar las bases de datos.

Estos registros permiten cruzar datos de distintas administraciones (Ministerio del Interior, Hacienda, Catastro) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción --que tiene una validez de tres años prorrogables-- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

Con la configuración de un único programa informático para el conjunto de los municipios, se logra, a juicio de la Junta, "homogeneizar los criterios y se facilita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda disponer de una gran base de datos común" y esto hace posible "cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como, por ejemplo, la inscripción de una persona en más de tres registros, número máximo permitido por la normativa que lo regula".