MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal de Cuentas ha acordado instar al Gobierno a que efectúe una fiscalización sobre la actividad de Navantia y su situación financiera para verificar si ha superado las "pérdidas permanentes" heredadas de la extinta Izar tras la reestructuración del sector público naval, un proceso que tuvo un coste global de 3.515,6 millones de euros para las arcas públicas.
Asimismo, reclama al máximo órgano fiscalizador que lleve a cabo una "evaluación valorativa" de los acuerdos de privatización de los diferentes astilleros que fueron objeto de venta en este proceso, así como del cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por los adjudicatarios.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentó el pasado mes un informe sobre la reestructuración de los astilleros, que supuso el desembolso de 2.478,4 millones de euros en aportaciones a los astilleros públicos dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y 1.037,3 millones derivados de los compromisos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Izar, que afectó a 3.983 trabajadores, y los de astilleros de Sestao y Manises, sobre 356 empleados.
Este proceso se ordenó en dos fases, la primera de ellas entre 2000 y 2004, bajo el Gobierno 'popular' de José María Aznar, con el objetivo de conseguir la "rentabilidad económica" del grupo empresarial Izar, que se creó un año más tarde.
La segunda fase dio comienzo en julio de 2004, motivado por las "importantes pérdidas" de 2.600 millones que acumulaba Izar y por la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal las aportaciones públicas tanto a esta empresa pública como a Astilleros de Puerto Real, Sevilla y Sestao (AESA), obligando a su devolución por un importe total de 1.343 millones de euros.
En ese momento, quedaban pendientes de reintegro 1.124 millones de euros, por lo que Izar constituyó a finales de 2004 una provisión de 1.249 millones de euros que se mantuvo durante los restantes ejercicios fiscalizados.
LA LIQUIDACIÓN DE IZAR COSTÓ 431,7 MILLONES
La decisión del primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de liquidar Izar se materializó en abril de 2005 y ha supuesto que SEPI tenga que desembolsar 431,7 millones de euros para compensar pérdidas, en una operación "que se encuentra aún en proceso de ejecución".
Asimismo, el proceso de enajenación de los astilleros de Gijón, Sevilla y Sestao, cerrada en 2006, han supuesto unos beneficios para las arcas públicas de 8.108,5 millones de euros.
