La Junta completa la retirada de amianto en el 53% de los centros educativos

SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha completado desde verano de 2016 un total de 116 actuaciones para la retirada de fibrocemento (amianto) en los centros educativos de la comunidad, lo que, teniendo en cuenta que el censo de infraestructuras con estas características realizado por la administración andaluza arroja unas 220, concluye en un 52,7 por ciento de las acciones previstas ya realizadas.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que encabeza Sonia Gaya, que hacen hincapié en que el plan para la retirada progresiva del amianto planeado por la Junta, que se prolongaría hasta 2022, termina seis años antes de lo recomendado por la Unión Europea.

Según los términos del plan aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2016 --en dos semanas se hará lo propio con el programa de 2018 tanto para el amianto como para la retirada de aulas prefabricadas--, la Junta destinará un total de 60 millones de euros al plan, que se aplicaría en un 3 por ciento de los centros escolares públicos andaluces con idea de hacerlo compatible con la actividad escolar, ya que solo se pueden retirar los materiales en periodo de vacaciones.

El programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica: escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares.

La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. En este sentido, anteriormente la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros "con absoluta normalidad y más por prevención que por riesgo para la salud".

Además, se ha proporcionado información a la comunidad educativa sobre el material, los procedimientos que rigen esta situaciones y la situación específica de los colegios, insistiendo a todos sus miembros en que está prohibida la fabricación, comercialización y el uso de estos materiales, pero no hay ninguna obligación legal de la retirada de los productos ya instalados y tampoco un plazo para dicha eliminación salvo en lo que se refiere al final de la vida útil de estos materiales.