Junta de Personal de Atención Primaria se concentra en Isla como repulsa por la agresión del joven de la catana

ISLA CRISTINA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva se ha concentrado este jueves en el centro de salud de Isla Cristina como repulsa por la agresión que se produjo el pasado 1 de enero en el mismo centro en el que un joven portaba una catana e hirió a un menor y agredió al personal sanitario.

Según ha indicado CSIF en una nota de prensa, la Junta de Personal ha subrayado que la violencia en el ámbito laboral es "inaceptable y no puede tolerarse bajo ningún concepto" y los trabajadores y trabajadoras "tienen derecho a desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de violencia y agresiones".

Para ello, los sindicatos insisten en la "necesidad" de que haya vigilante de seguridad en los centros, por lo que exige al SAS que "se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud".

"Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad", ha aseverado el responsable del sector de Sanidad de CSIF en Huelva, César Cercadillo.

En todo el año 2023 la cifra total de agresiones a sanitarios en Huelva fue 142, de las que el 17% fueron agresiones físicas y el 60% de las agresiones se produjeron en la atención primaria, asimismo en el primer semestre de 2024, el SAS tiene contabilizadas de forma oficial un total de 31 agresiones en Huelva, a la espera de conocerse los datos del segundo semestre.

Por último, desde todos los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva quieren transmitir todo su apoyo y solidaridad a los trabajadores del centro de Isla Cristina y advierten que seguirán trabajando para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y sin violencia.