Actualizado 23/08/2018 15:23 CET

La Junta rechaza las acusaciones de Asaja sobre los incendios y las achaca "al desconocimiento"

Trabajos Selvícolas En El Portil.
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha rechazado las afirmaciones de Asaja sobre la política de prevención de incendios forestales que se ejecuta en Andalucía por parte de la Junta y ha achacado estas manifestaciones a un "desconocimiento palmario de la situación".

En un comunicado, la Junta ha lamentado que "sea precisamente una organización que tendría que conocer la situación la que se dedique a efectuar unas declaraciones que nada tienen que ver con la verdad y absolutamente carentes de rigor".

Para la Junta, "Asaja tendría que ser consciente de que desde enero de este año la Junta ha adjudicado a empresas privadas en la provincia de Huelva trabajos selvícolas en más de 584 hectáreas por un valor superior a 1,1 millones de euros". También, y a través de la empresa privada, según ha destacado, "estamos en periodo de ejecución de tratamientos selvicolas preventivos mecanizados en montes públicos de Huelva y Doñana por valor de más de 1.213.400 euros".

Estos trabajos, según ha detallado, complementan los que se realizan por los trabajadores del Infoca a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua sobre 469 hectáreas con un presupuesto de 926.000 euros. Junto a ello, el personal de los Cedefos de Huelva actúa en este año 2018 sobre más de 1.766 hectáreas a través de una inversión que supera los 3.300.000 euros, ha incluido.

La Delegación de Medio Ambiente ha recordado que los incendios que han tenido lugar en Huelva han sido intencionados y que "han sido precisamente las políticas de prevención y extinción las que han propiciado que no fueran a más".

Por otra parte, la Delegación provincial de Medio Ambiente en Huelva ha recordado a Asaja que son los propietarios de las fincas quienes tiene que mantener en condiciones óptimas sus montes, "ya que las ayudas son eso, ayudas, pero corresponde a los titulares de la propiedad realizar las tareas de prevención en sus terrenos".

Y es que para la Junta de Andalucía, las políticas de prevención "son tan importantes como las de extinción" y que por eso ha destinado la mitad del presupuesto del Plan Infoca a cada una de ellas.

Ha explicado que entre los meses de enero a diciembre, --y teniendo en cuenta el paréntesis del periodo de alto riesgo--, se actúa de forma mecanizada sobre 3.821 kilómetros lineales de cortafuegos y manualmente en otros 6.052 en todo el territorio andaluz.

A estas actuaciones ha sumado la adecuación de 1.700 kilómetros de caminos forestales, por donde se desplazan los equipos de extinción de forma segura y rápida, "lo que disminuye el tiempo de respuesta y llegada a un fuego".

Asimismo, el Gobierno andaluz incrementó en diez millones el presupuesto del Infoca para 2018, alcanzándose los 168 millones de euros y de esos diez millones de incremento, precisamente ocho están destinados a tareas preventivas, y dos a labores de extinción.

La superficie forestal pública en Andalucía es de algo más de 1,2 millones de hectáreas y no toda es susceptible de tratamientos forestales, solo unas 400.000 hectáreas. Los tratamientos preventivos no se hacen de forma generalizada, sino sobre la base de una planificación forestal de carácter plurianual, ha explicado la Junta. Así, los tratamientos dividen el territorio en "parcelas forestales" con objeto de frenar el avance del fuego, creándose una red planificada con criterios forestales que dan protección al conjunto del monte público andaluz.

Con respecto a las afirmaciones de Asaja sobre el incendio que afectó a parte del Espacio Natural de Doñana, la Junta ha recordado que "se actuó en el monte público afectado tal y como marcaban los criterios técnicos y científicos, y no de otra manera".

Por último, ha lamentado que desde Asaja "se mienta" con respecto al incendio de La Granada de Riotinto, en el que estuvieron presentes dos consejeros de la Junta, el delegado del Gobierno central en Andalucía y numerosos representantes políticos de todas las administraciones públicas.