MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga) ha acordado seguir la causa sobre el vertedero supuestamente ilegal en la localidad malagueña de Nerja por el trámite de procedimiento abreviado contra 13 personas, entre ellas la alcaldesa, Rosa Arrabal, y el exregidor José Alberto Armijo; mientras que decreta el sobreseimiento respecto del resto de investigados hasta ahora.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor analiza los informes periciales existentes y las declaraciones prestadas, así como las peticiones de sobreseimiento presentadas por parte de los investigados, coincidiendo con el ministerio fiscal en su último informe en que la causa debe seguir contra 13 personas y seis mercantiles; así como contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento como responsables civiles subsidiarios.
La Guardia Civil llevó esta investigación, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella, en la que se señalaba que desde hacía unos 15 años existía este vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas".
Así, el juez entiende en dicho auto, que se puede recurrir, que debe seguirse la causa respecto a la alcaldesa actual y el exregidor por los delitos de prevaricación administrativa y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, acuerda que continúen en la causa tres exconcejales de Medio Ambiente y una exresponsable de la Consejería de dicho área de la Junta; así como siete empresarios, supuestamente relacionados con la gestión y uso del espacio.
En lo que se refiere a Armijo, el juez señala que como alcalde entre 1995 y 2015 habría participado "activamente en la constitución del vertedero no autorizado, llegando a ordenar el vertido de escombros en la antigua cantera alegando razones de urgencia pero sin obtener en su mandato las autorizaciones administrativas precisas para desarrollar esa actividad" en dicho terreno. Además, considera que tuvo conocimiento de los expedientes sancionadores iniciados.
Asimismo, añade que pese a las medidas cautelares dictadas, que ordenaban la suspensión de la actividad, presuntamente "no adoptó decisión alguna ni ordenó promover expedientes para paralizar o eliminar la actividad desarrollada en el vertedero". Supuestamente, señala el juez, tampoco realizó acciones para legalizar el uso del terreno municipal por parte de los privados que gestionaban el vertedero.
En lo que respecta a la regidora, que ocupa este cargo desde junio de 2015, el instructor señala indiciariamente que habría tenido "conocimiento de la existencia del vertedero" y pese a ser la máxima representación municipal "no adoptó decisión ni ordenó promover expediente alguno para paralizar la actividad desarrollada". Al igual que al anterior se le achaca que omitió "de forma palmaria" cualquier procedimiento respecto del uso privado del terreno público.
En cuanto a los exediles de Medio Ambiente y la que fuera secretaria general de dicha área en la Consejería, el instructor apunta, igualmente, a que habrían tenido conocimiento del vertedero "sin que ordenaran o promovieran" expediente alguno. Respecto a las empresas, habrían realizado vertidos "careciendo de las preceptivas autorizaciones e informes"; siendo los empresarios investigados los representantes de las mismas.
Esta acción desarrollada ha tenido incidencia en la zona, que cuenta con especial protección, de forma que un informe pericial que consta en la causa estima en 10,7 millones de euros el coste para devolver el terreno a su estado original "dada la cantidad y tipología de residuos a gestionar".
El juez considera que para los demás investigados debe archivarse la causa por distintos motivos. En el caso del delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, señala el sobreseimiento provisional por haber estado en el cargo "un tiempo notablemente limitado como para poder adoptar alguna decisión pertinente o incluso como para poder conocer el estado del vertedero".
Asimismo, acuerda, tal y como sostuvo también el fiscal, sacar del proceso los delitos de estafa, falsedad e integración en grupo criminal que inicialmente se investigaban, ya que el instructor entiende que no resultan indiciariamente acreditados.
