MANILVA (MÁLAGA), 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Diego Urieta, ha asegurado estar "tranquilo" tras haber sido citado como imputado dentro de una de las piezas separadas del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) por supuesto enchufismo --en el que está imputada la anterior regidora, Antonia Muñoz-- y ha asegurado que "siempre he actuado conforme a la ley".
Así, Urieta ha reconocido que le ha sorprendido la citación, que aún no tiene, pero que será el próximo 10 de abril, "porque siempre he tenido la conciencia de haber actuado anteponiendo el interés público y general por encima de cualquier otra cuestión" y ha considerado que "estamos en un Estado de Derecho en el que tiene que primar por encima de todo la presunción de inocencia".
Ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que entiende que la imputación "es una garantía procesal", para que pueda ir asistido por abogado, y "tampoco se puede demonizar la figura de cargo público por tener una imputación". "Iré a intentar clarificar los delitos que se me imputen, que no sé cuáles son, y colaboraré con la justicia para esclarecer los hechos", ha manifestado.
Urieta, que lleva cuatro meses como alcalde tras la dimisión de Muñoz, ha reiterado que no sabe a qué se corresponde su citación, aunque supone que debe ser del mandato anterior, en el que él era teniente de alcalde, pero no tenía responsabilidades en contrataciones ni en Hacienda, ya que era concejal de Juventud, Deportes y Extranjeros.
Junto al regidor, están citados a declarar otros cinco concejales del equipo de gobierno, así como representantes del PSOE, como son Salvador Zotano, actualmente secretario local del partido; y Diego Jiménez, actual candidato socialista a la Alcaldía.
En esta causa se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa y gran parte del equipo de gobierno actual, hasta que decidieron irse al grupo de no adscritos. Así, en varios informes de la Guardia Civil se analiza la documentación aportada.
A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos y de informes de la interventora y del secretario, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".
