MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha aplazado hasta el próximo 29 de enero el juicio a cinco personas que fueron detenidas en una acción de la plataforma contra los desahucios para evitar el desalojo de una mujer en la barriada malagueña de las Flores. Se les acusa por delitos de atentado a la autoridad y daños y de una falta de lesiones, solicitando el fiscal cinco años de prisión para cada uno y multa.
Los hechos sucedieron en septiembre de 2011. Según la calificación inicial del ministerio público, a la que ha tenido acceso Europa Press, una patrulla de Policía Nacional acudió requerida por un juzgado de Primera Instancia de la capital a una urbanización con motivo de un desahucio, donde encontraron a unas 30 personas no identificadas "bloqueando la entrada a dicho inmueble" con una pancarta en la que ponía 'Stop desahucios Movimiento 15M'.
Debido a dicha situación, la comisión judicial no ejecutó el desahucio, pero precisaban entrar en la vivienda para notificar a la propietaria la nueva fecha de desalojo, señala el fiscal, apuntando que el portavoz del movimiento dijo a un inspector de Policía que no pasaba "nadie", momento en el que "empiezan los acusados a dirigir intimidaciones a los agentes", tales como "sabemos como actúan los matones del Estado" o "estamos preparados para el combate".
Ante esto, señala el escrito de la acusación fiscal, los agentes "se ven obligados a emplear la fuerza mínima indispensable para que la comisión judicial pudiera cumplir su cometido", momento en el que "los acusados lanzaron botellas, vasos, asestando, además, patadas y arañazos". Cuando iban a detenerlos, los procesados intentaron evitarlo "acometiendo a los funcionarios con puñetazos y patadas".
Así, según el escrito provisional del ministerio fiscal, seis agentes resultaron heridos leves, por lo que se acusa a los detenidos por seis faltas de lesiones, solicitando una multa de 720 euros. Asimismo, se indica que los acusados fueron hasta los coches y "lanzaron piedras", además de que tiraron una motocicleta, actos que habrían provocado daños en cuatro vehículos por valor de 4.859 euros.
Para cada acusado se solicitan dos años y medio de cárcel por el delito de atentado a la autoridad y la misma pena por el continuado de daños. El juicio se iba a celebrar este jueves, pero uno de los acusados ha renunciado a su abogado, por lo que se le ha dado el plazo de cinco días para que designe a otro y se ha vuelto a fijar la vista oral para el 29 de enero del próximo año.
Miembros de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han concentrado este jueves en las puertas de la Ciudad de la Justicia para mostrar su apoyo a los acusados. La abogada de este movimiento, Isabel Torralba, ha asegurado que "la Policía buscó provocar, crear una situación de tensión en un barrio que en ese momento estaba en un momento muy difícil como es vivir un desahucio de una familia con un niño pequeño".
Asimismo, ha indicado que "con los refuerzos que llegaron y con la actitud que tuvieron era imposible que se produjera un atentado sino que la Policía violó los derechos de las personas allí reunidas".
