Condenados en Málaga 16 acusados por contratos falsos tras reconocer los hechos

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 personas acusadas por delitos de estafa o falsedad en relación con contratos de trabajo simulados, utilizados para obtener permisos de residencia o prestaciones de organismos oficiales, han reconocido esta semana los hechos ante el Tribunal que los juzga y se han conformado con las penas solicitadas.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el lunes el juicio a una treintena de personas acusadas por la Fiscalía por elaborar o recibir, según el caso, contratos falsos de trabajo que era utilizados para esos permisos de residencia o para obtener ayudas por desempleo.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, las penas con las que estos acusados se han mostrado de acuerdo, tras reconocer los hechos, oscilan de un año y nueve meses a cuatro meses y quince días de prisión en función de si se les acusa de uno o de los dos delitos.

Asimismo, también se ha impuesto la pena según si han reparado todo el daño; es decir, si han devuelto el dinero ilegalmente percibido con esa operativa, han señalado las fuentes, apuntando que la mayoría han abonado esas cantidades, lo que ha supuesto una rebaja en la pena impuesta.

El juicio seguirá la próxima semana contra otros acusados, entre ellos los principales procesados, un hombre y una mujer, que, según la Fiscalía, estaban concertados para causar un supuesto "engaño a los organismos oficiales", confeccionando contratos de trabajo "totalmente simulados" a nombre de terceros que les pagaban por ello.

La acusación pública sostiene inicialmente que una empresa de la mujer aparecía como empleadora "de un sinnúmero de trabajadores" a pesar de "carecer de actividad empresarial alguna" y de que "no disponía de local de negocio ni de ningún establecimiento en el que desarrollarla".

De esta forma, constaban que hasta junio de 2013 dicha empresa había tenido un total de 79 afiliados distintos, "generando una deuda con la Seguridad Social a dicha fecha de 246.844,82 euros, dado que no había pagado ni un céntimo por las altas fraudulentas que realizaba", señala el fiscal.

El otro procesado, en su condición de Graduado Social, era quien en la mayoría de las ocasiones cumplimentaba el formulario de contrato de trabajo, tramitándose las altas gracias a que estaban autorizados VIA RED, "siendo en muchos casos quien se entrevistaba directamente con los otros acusados y les cobraba por la emisión del contrato y la gestión de las altas fraudulentas".

Además, también elaboraba los certificados de empresa que atestiguaban, a efectos de la solicitud de prestación por desempleo, la veracidad de los datos relativos a la empresa, personales, profesionales y de cotización del trabajador que eran comunicados al Servicio Público de Empleo Estatal "y sin los cuales nunca habría satisfecho las cantidades ilícitamente percibidas".