MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga ha condenado a un total de 17 años de prisión a tres personas, dos hombres y una mujer, por tener instalada una imprenta o laboratorio de moneda falsa en la vivienda donde residían dos de los acusados, en la que los investigadores intervinieron más de 300 billetes de cinco y 20 euros.
Según se declaró probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Nacional tuvo conocimiento en el curso de otras investigaciones de que varias personas podrían estar llevando a cabo la elaboración de documentos y billetes no auténticos, por lo que se iniciaron seguimientos e intervenciones telefónicas.
Las investigaciones llevaron a la identificación de uno de los procesados, de nacionalidad rumana, quien, "con la intención de obtener un beneficio económico" instaló un laboratorio o imprenta artesana con los materiales necesarios para la fabricación de billetes con apariencia de verdaderos, indica la resolución.
Esto lo hizo, según señala la sentencia, "dentro de un plan preconcebido" con los otros acusados, una pareja de la misma nacionalidad, ya que la imprenta se ubicaba en la vivienda en la que éstos residían en la localidad granadina de Almuñécar "con el conocimiento y consentimiento" de ellos.
En el registro de este domicilio, se encontraron 178 billetes de cinco euros y 144 de 20 euros, "todos inauténticos". El dinero estaba distribuido "a la vista" en diversas dependencias y suponían un valor de 3.770 euros. El resto del material para la falsificación estaba en el dormitorio que ocupaba el principal acusado y en otra habitación de la casa.
Así, la Sala condena al principal procesado como autor de un delito de falsificación de moneda y le impone nueve años de prisión y multa de 12.250 euros. Éste admitió los hechos en el juicio, indicando que no era su domicilio, sino que llevaba allí sólo dos días y los otros dos no sabían nada de sus actividades ilícitas.
Al otro hombre y a la mujer se les condena por el mismo delito pero como cómplices y se le impone a cada uno cuatro años de prisión y multa de 1.880 euros. Éstos negaron tener relación con el material intervenido en su vivienda, pero el Tribunal considera que no tiene lógica pensar que no sabían lo que sucedía en su domicilio.
