MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha sido condenada a dos años de prisión por quedarse con 42.000 euros de dos compradores, con los que realizó un contrato de reserva de dos viviendas que pretendía construir en un solar, que luego vendió a otra empresa sin avisar a los compradores de la operación ni a la entidad de que existían esas reservas.
Según se declara probado en la sentencia de la Audiencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la acusada era copropietaria de una empresa que tenía proyectado construir una serie de viviendas en un solar ubicado en la capital malagueña, en la zona de Capuchinos, constando que se llegó a escritura pública de abril de 2004.
No obstante, previamente, en febrero de ese año, la mujer llevó a cabo publicidad de las viviendas que decía que iba a construir e, incluso, firmó una reserva de compra con un hombre, que le entregó un total de 39.050 euros. En junio del mismo año, realizó otro contrato similar, percibiendo en este caso 3.000 euros.
Pero, posteriormente, en diciembre de 2005, la acusada vendió el solar a otra entidad "sin hacer mención alguna respecto de los contratos de reserva ya realizados, haciendo suyas las cantidades percibidas por dichas reservas", indica la resolución. Para la Sala se trata de un delito de apropiación indebida.
Así, el Tribunal rechaza la calificación alternativa de estafa, al señalar que la acusada acaba comprando por escritura pública el solar y que no existen todos los datos que permitan establecer que no era intención de la acusada acabar construyendo las viviendas que publicitaba, señala la resolución.
Sí estima la Sala que la mujer debió notificar a los firmantes la transmisión del solar y sobre todo "devolverles íntegramente el metálico recibido"; aunque no lo hizo así, sino que "se apropió para sí" de las cantidades. Asimismo, tampoco informó a la entidad compradora de los contratos de reserva.
El representante legal de esta empresa declaró como testigo y ratificó que la acusada "trataba de exigirle más dinero para facilitarle la licencia municipal de la que era concesionaria", mientras que los perjudicados aseguraron que la mujer se negó a devolverles el dinero.
La acusada admite que recibió el dinero, aunque como defensa apunta, dice la sentencia, que el contrato "aún está en vigor y en situación de ser cumplido, tratando de derivar al incumplimiento civil lo que es un apoderamiento ilícito", surgido por "un ánimo de lucro y codicia" que movió a la acusada.
Además de la pena de dos años de prisión impuesta, la Sección Octava de la Audiencia de Málaga condena a la mujer a pagar una multa de 3.000 euros y a indemnizar a los perjudicados con las cantidades que entregaron en cada caso.
