MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha presentado este lunes ante la Fiscalía Provincial el caso del documento interno de funcionarios afines al PSOE para conformar el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Según han informado, esto podría incurrir en los delitos contra la protección de datos, de la prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias.
Y es que, para este sindicato, el listado supone "una discriminación de los trabajadores en función de su afiliación política", además de que "vulnera el derecho a la protección de datos". Asimismo, el listado "obvia los principios de igualdad, mérito y capacidad como sistema de promoción profesional que rigen el acceso a la función pública", agrega.
Tras tener acceso al documento, este sindicato presentó el pasado miércoles el caso ante la Inspección General de Servicios del Gobierno andaluz, según ha informado a través de un comunicado.
En concreto, el listado contiene una relación de 172 puestos de responsabilidad de las distintas delegaciones de la Junta en Málaga, en la que se indica el nombre del titular, su afiliación o no al PSOE y la previsión de su futura promoción.
Según CSI-F, la delegación en la que los datos de pertenencia al partido es "más completa" es la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por lo que "todo apunta a que el citado órgano, en manos de la delegada Marta Rueda, es el entorno en el que presuntamente se elabora el discriminatorio documento interno".
Por otro lado, en cuanto a la indicación junto a la afiliación de si promociona o no cada cargo, ha afirmado que "evidencia que la lista ha sido o estaba siendo elaborada con la finalidad de conocer quiénes son afectos al partido".
Y en este sentido, el sindicato considera que dicha "selección de afines, en la que no figura ningún dato profesional, es propia de países totalitarios, en tanto prima la adhesión a los intereses partidistas sobre el bien común".
Asimismo, entiende que las personas que han elaborado el documento "hacen uso del procedimiento de nombramiento de puestos de libre designación para dar cobertura formal a una selección ya realizada con anterioridad, burlando el derecho a la promoción profesional en condiciones de igualdad de los funcionarios", concluye.
