Una defensa apunta la posibilidad de pedir la declaración del juez instructor del caso

MÁLAGA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del acusado Óscar Benavente, presunto testaferro del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha anunciado al Tribunal encargado de enjuiciar la causa que se reserva "la posible proposición de la prueba testifical del magistrado instructor", Miguel Ángel Torres, para aclarar determinados puntos de la investigación.

El letrado José Antonio Choclán ha comenzado a preguntar a uno de los principales investigadores, entonces perteneciente a la Udyco, que ha comenzado a declarar en esa sesión del juicio sobre la presunta trama de corrupción. En concreto le ha cuestionado sobre los indicios que existían para intervenir el teléfono de su defendido, al sostener que no había dato objetivo alguno para ello.

Ante la pregunta de qué investigaciones previas existían sobre este acusado, el testigo ha indicado que las había de carácter policial, lo cual les permitía "acreditar indicios de que esta persona podría estar colaborando con el señor Roca en sus actividades", investigaciones tanto en el entorno del Ayuntamiento, como de carácter societario.

Así, ha relatado que a raíz de las pesquisas en los registros de la propiedad "vemos que participa en alguna medida en 14 sociedades" y ha señalado que "seguimos haciendo investigaciones" y búsquedas en Internet sobre esa persona, apareciendo "informaciones en prensa que relacionan a ambas personas" --Roca y Benavente--, en concreto sobre el Club Jerez Deportivo y sobre diversas sociedades.

Ha citado determinados artículos, momento en el que el letrado le ha preguntado si esa documentación está aportada a la causa y está unida al oficio policial, en el que "no hace mención alguna", contestando el testigo que determinada información "nos llegan directamente del magistrado instructor que es el que nos arroja luz sobre el procedimiento".

"Nos dice que en prensa es notorio y nos dice una serie de imputaciones y nosotros lo comprobamos, al magistrado instructor yo no le digo lo que él ya sabe de antemano", ha manifestado el inspector, que continuará este martes en una nueva sesión del juicio contestando a las preguntas de esta defensa y de otros abogados personados.

El letrado, magistrado en excedencia, ha indicado que esa información "la acabamos de conocer" y ha apuntado: "nos reservamos ante este hecho nuevo, ya lo estaba reflexionando, la posible proposición de la prueba testifical del señor magistrado instructor, en la medida de que se están refiriendo determinados conocimientos privados e informaciones que no constan en la causa".

Ha apuntado que se trata de una cuestión "nuclear para acreditar si se disponía o no de datos objetivos precisamente para adoptar una decisión fundada, ponderada, prudente y sobre todo que sea posible ser controlada". "En la medida de que se están manifestando unos conocimientos privados, hago expresa reserva de esa propuesta", ha dicho, lo que, en caso de llegar a plantearse, se hará por escrito.

A preguntas del fiscal, el inspector ha indicado que la razón de la incorporación a la investigación tanto de Benavente como de otro de los acusados fue que "de las investigaciones que manejábamos, así como el instructor, que desde el primer momento tiene más elementos de juicio, nos apuntan la posibilidad de que ambos pudieran estar actuando como testaferros".

Ha explicado que se buscó si había imputaciones judiciales de las personas a las que se iba a incorporar a la investigación en relación con Roca y "nuestras fuentes de información son tanto policiales como públicas y en el caso de Benavente, aparecían numerosas notas tanto en hemerotecas como en Internet, relacionándolo como posible testaferro".

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS Y VIGILANCIAS

Las defensas de los acusados han preguntado tanto a este testigo como a su compañero entonces también en la Udyco, que ha terminado de declarar en esta sesión, acerca del momento concreto en el que se iniciaron las pesquisas, sobre las fechas de inicio y finalización de las escuchas telefónicas, y sobre los registros, para cuestionar la investigación y demostrar que comenzó antes del mandamiento judicial.

Ambos han defendido la forma en la que se llevó a cabo la instrucción. En concreto, el primer investigador ha indicado que "puede haber una dación de cuentas verbal y la Policía obviamente inicia sus pesquisas ante el requerimiento judicial y la posible existencia de hechos delictivos, haciendo un trabajo de campo y se puede realizar alguna vigilancia".

Ha insistido en que las investigaciones se iniciaron "a requerimiento judicial", aunque ha reiterado que "es común" en muchos procedimientos que la Policía "empiece a realizar sus pesquisas en el mismo momento en el que haya un requerimiento". "No nos hace falta que exista un documento formal", ha indicado, aunque ha dicho que en este caso no se inició "de motu proprio" por la Policía.

El letrado Antonio Ruiz Villén ha preguntado en varias ocasiones por la primera reunión entre los investigadores y el juez y si estaba presente el fiscal. Además, esta defensa ha hecho constar la protesta por que la Sala declaró impertinente en otra sesión una pregunta sobre "si se habían iniciado las investigaciones antes de la incoación de las diligencias previas en connivencia del juez instructor", algo que "de ser cierto, supondría violación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley por vulneración de normas de reparto". Todas las defensas se han adherido a la protesta.