MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -
La oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación Provincial de Málaga ha atendido 23.600 actuaciones en los últimos seis años, siendo el 75 por ciento resueltas con un resultado positivo para la ciudadanía. En concreto, 2010 ha sido el año con más quejas recibidas, un total de 5.152, en su mayoría referentes a cuestiones como el ruido y "el silencio administrativo".
Así lo ha anunciado este martes, en declaraciones a los periodistas, el Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, quien ha agradecido la apuesta, "desde el primer momento" y con "total autonomía e independencia", por parte de la corporación provincial y de su presidente, Salvador Pendón. "En ningún momento hemos tenido una sola indicación", ha destacado.
Asimismo, ha valorado la unanimidad con la que han sido aprobados los informes durante todo este periodo. "Conseguir unanimidad de todos los grupos políticos en los tiempos que corren es un motivo de orgullo y satisfacción para todos los miembros de la oficina", ha declarado Gutiérrez.
En cuanto a la contaminación acústica, se engloba en el apartado de Medio Ambiente, que durante el último año ha recibido 190 quejas; y su aumento se ha visto afectado por la entrada en vigor de la Ley Antitabaco y el mayor número de terrazas y salidas a las puertas de los establecimientos para fumar. Así, destaca la solicitud del Cuaderno sobre El Ruido, editado por la propia oficina, por parte de vecinos que quieren saber cómo actuar contra este problema.
Por su parte, "el silencio administrativo", así como el retraso o falta de ejecución en algunas resoluciones --419 quejas-- son las cuestiones que destacan dentro del apartado de Administración general, que es el que más reclamaciones ha recibido --el 58,06 por ciento--. A esto se une lo que los ciudadanos denuncian como una mala atención prestada a la hora de recibir información o realizar un trámite.
A este respecto, Gutiérrez ha insistido en la obligación que tiene el conjunto de las administraciones de responder a las demandas de los ciudadanos. "Esos escritos tienen que ser contestados", ha aseverado, a la vez que ha indicado que "eso es un síntoma de mala administración", por lo que "sus responsables tendrían que tomar cartas en este asunto".
Para ello, ha informado de que la oficina del Defensor está elaborando un Cuaderno-Guía sobre Los Derechos de la Ciudadanía y su relación con las Administraciones Públicas, "porque creemos que no está siendo respetado" y con el objetivo de atender, de manera sencilla, todos los interrogantes en este sentido.
Por otro lado, y a diferencia del anterior, el bloque de Vía pública ha mantenido este año unos niveles a la baja, aunque aún persisten "serios" problemas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas; como también el de Servicio a las personas, referente a colectivos con necesidades especiales de protección, en el que el número de resoluciones ha sido de los más altos. En ambos casos se han tramitado 1.595 quejas.
El número total de reclamaciones ha experimentado "un incremento notable" desde 2005, año en el que sólo se registraron 1.500. A estas se suman, no obstante, numerosas llamadas sobre hipotecas, desahucios y embargos por impagos de alquileres, que, "aunque no es de nuestra competencia, sí estamos intentado atender y dar información".
ACOSO INMOBILIARIO
En cuanto al acoso inmobiliario, el Defensor ha manifestado que son, "afortunadamente", cada vez menos. Ha explicado que el número de quejas ha disminuido "considerablemente", resultado del trabajo de denuncia por parte de esta oficina y de su participación en reuniones de mediación entre inquilinos y constructores; así como de la situación inmobiliaria, en la que "se construye menos y el interés es menor".
Por su parte, el presidente de la Diputación ha manifestado, momentos antes a la celebración del pleno en el que se ha dado luz verde al informe del Defensor de 2010, que la implantación de esta oficina ha sido una de las actuaciones de las que "más satisfecho nos podemos sentir de nuestra acción de gobierno".
Por último, ha destacado "el extraordinario valor democrático" del Defensor del Ciudadano, cuya ocupación inicial de ofrecer defensa en actuaciones relacionadas con la Diputación se ha visto "desbordada" por las de otras administraciones. Esto demuestra, según Pendón, que "la sociedad está necesitada de instrumentos de este tipo".