MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Málaga va a solicitar la adhesión a un convenio firmado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las empresas Endesa e Iberdrola para garantizar el suministro eléctrico a personas en situación de vulnerabilidad o de emergencia social.
De esta manera, la institución provincial "se compromete a abonar los recibos de luz de personas de los 87 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes que no dispongan de recursos económicos para hacer frente a los pagos, evitando así que se les corte el suministro eléctrico", han informado desde el ente supramunicipal.
La vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Ana Mata, ha destacado, a través de un comunicado, que la adhesión de la institución provincial a este convenio "es una muestra del compromiso de la institución provincial con las familias más necesitadas de los municipios más pequeños".
Y ha añadido que la Diputación, una vez que se haya detectado y verificado la situación de personas con problemas para hacer frente al pago de los recibos, abonará directamente a las compañías eléctricas el importe de las facturas de luz de esas personas sin recursos.
La FAMP firmó dos convenios de colaboración con Endesa e Iberdrola cuyo principal objetivo es evitar la suspensión del suministro de electricidad a las personas beneficiarias, que son aquellas personas físicas que no cuenten con recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de uno o varios recibos.
Las eléctricas, en caso de suspensión de suministro, se comprometen a facilitar su restablecimiento, en el menor periodo de tiempo posible, en virtud de la prestación económica de urgencia social que la administración concederá a las personas beneficiarias.
Igualmente, aceptan aplazar el corte de la luz en el caso de impago de facturas pendientes de abonar, concediendo un plazo de 30 días naturales para que los ayuntamientos o las diputaciones asuman el importe de esos recibos impagados.
AYUDAS
Mata ha recordado que la Diputación concedió durante 2015 un total de 300.000 euros en concepto de ayudas dirigidas a 350 familias de municipios menores de 20.000 habitantes que no disponen de medios económicos suficientes para sus necesidades básicas y que, por tanto, se encuentran en riesgo de exclusión social.
"Con esta aportación económica, muchas personas pudieron acometer gastos como el alquiler de la vivienda, habitabilidad y acondicionamiento de la misma, cuidados para la salud, alojamiento alternativo temporal, pago de suministro de necesidades básicas de la vivienda (electricidad, agua, etcétera) y otras ayudas por situaciones de emergencia", ha manifestado.
Igualmente, el pasado mes de mayo se publicaron las bases de la convocatoria pública de ayudas sociales, dotada con 300.000 euros, y se ha ampliado el presupuesto de ayudas por nacimiento o adopción a 500.000 euros.
Además, se ha creado una nueva partida presupuestaria en los servicios sociales comunitarios, con 100.000 euros, para mujeres víctimas de violencia de género, y se destinarán 181.000 euros para ayudas económicas familiares, según ha recordado la diputada.
