Fiscal sostiene que el bufete de Del Valle creó estructuras de ocultamiento propias de blanqueo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha asegurado que en el juicio por el caso 'Ballena Blanca' se ha acreditado que el despacho del letrado Fernando del Valle, principal acusado en la causa, proporcionó "estructuras de ocultamiento" que se encuadran "perfectamente" en el delito de blanqueo de capitales y ha precisado que ya en la investigación preliminar "se detectaron" sociedades que "se vinculan a determinadas actividades delictivas".

En su informe final, el representante de la acusación pública ha mantenido que en la investigación se ha corroborado que en el despacho "se ofrecía a los clientes un producto estrella", como era la constitución de sociedades, participadas por una corporación de Estados Unidos, con el fin de "conseguir el anonimato del titular de la inversión". Esta estructura "puede servir para el ocultamiento tanto de ganancias no declaradas como de hechos delictivos".

"Este hecho está suficientemente acreditado", ha aseverado el fiscal, quien ha señalado que "sólo la idea de tener un stock de sociedades evidencia que es el despacho el que propone" y que "no son los clientes los que vienen con la idea del trust en la cabeza". "Es absurdo que un señor que no sabe la legislación española vaya a un abogado a decirle cómo tiene que constituir la sociedad", ha manifestado el ministerio público.

Esto, ha explicado, no tiene nada que ver con que la inversión inmobiliaria a realizar ya estuviera predeterminada por el cliente, "porque quién va a ver la casa, pues la persona que la va a habitar, que, lógicamente, es la que va a hacer la inversión", asegurando que "una cosa es que la inversión estuviera definida y otra cómo se oculta la inversión de ese cliente".

Además, ha considerado acreditado que la elección del estado norteamericano de Delaware para la constitución de sociedades "no es arbitraria, sino razonada, aunque sea una decisión utilizada con fines delictivos". También ha recordado que los abogados son sujetos obligados y ha indicado que la legislación señala que para acreditar el delito previo, que "ahora es cualquiera", sólo se requiere "una cierta vinculación".

Respecto al conocimiento del origen delictivo, ha explicado que según las distintas conexiones investigadas en esta causa se distingue en la acusación bien un conocimiento "directo" o simplemente la posibilidad de ello. Asimismo, ha afirmado en su exposición, que continuará este miércoles, que para conocer esos antecedentes delictivos fueron imprescindibles las comisiones rogatorias.

FORMA DE INVESTIGAR

A nivel general, ha defendido la instrucción y ha justificado el uso de medidas excepcionales de investigación, como la detención de los acusados y el registro en el bufete de abogados, ya que, en este caso, ha dicho, "se buscaba descubrir las estructuras de blanqueo y eso es lo que se incorporó a la causa". Ha apuntado que se siguieron los protocolos en caso de la lucha contra el beneficio del delito, la delincuencia organizada y la corrupción.

Ha reivindicado el principio de especialidad y ha manifestado que en los textos internacionales se insiste en la necesidad de contar con órganos especializados, con la participación de equipos policiales contra el blanqueo de capitales y el auxilio de la Agencia Tributaria. Ha precisado que esta forma de investigación "será clave en el resto de investigaciones que se puedan llevar a cabo en la persecución de delitos económicos".

A este respecto, el representante de la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que se tratara de una investigación prospectiva, como cuestionaron las defensas, y ha considerado que tiene "la sensación personal" de que "en materia de delincuencia económica no se opera con criterios del derecho penal del enemigo, sino del derecho penal del amigo".

Sí ha considerado que las bridas que fueron encontradas unidas a otro procedimiento deberían haber sido incorporadas, lo que fue rechazado por el Tribunal. No obstante, ha hecho referencia en su argumentación a estos documentos y a otros incluidos en esta causa, pero protegidos, ya que, ha dicho, fueron utilizados y analizados para la elaboración de los informes policiales.