Funcionario municipal niega presiones por licencias en el juicio por 'Astapa' y un empresario rechaza pago condicionado

MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha retomado este lunes el juicio del caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en la localidad malagueña de Estepona, con la declaración de varios testigos en el bloque sobre supuestas contraprestaciones por licencias de primera ocupación, entre ellos un funcionario que ha negado recibir presiones en los trámites de uno de estos permisos y también el que fuera responsable de una empresa que ha rechazado un pago condicionado a una licencia.

El bloque actual, el segundo del juicio, cuenta con 14 procesados, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, funcionarios municipales, como el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía; y empresarios. El fiscal sostiene que se presionó sobre todo a empresarios interesados en adelantar sus promociones y se ejerció una "presión injustificada" a los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de esos permisos.

Así, un empleado municipal, entonces técnico de Infraestructuras, ha declarado como testigo y ha asegurado que no le metieron prisa para hacer informes sobre una promoción, de la que no habló con ninguno de los entonces responsables municipales. "Nadie me presionó para arreglar esa promoción", ha dicho en cuanto a la elaboración de informes, dos desfavorable y uno a favor. Además, ha dicho no recordar que unos expedientes fueran más importantes que otros.

Asimismo, ha declarado el que fuera un administrador de una sociedad inmobiliaria en relación con una donación de casi 50.000 euros al Ayuntamiento o a la residencia de ancianos para pagar una deuda acumulada de electricidad y ha asegurado que no hubo "ninguna relación" de este pago con la concesión de una licencia de primera ocupación ni lo vio condicionado a la misma.

Por otro lado, la Sala ha acordado también volver a citar al que fuera gerente de Urbanismo tras explotar el caso 'Astapa' y una vez que David Valadez accedió a la Alcaldía, el cual tenía que haber declarado este lunes por vídeoconferencia aunque no ha sido posible la conexión. Así, este deberá comparecer presencialmente el 24 de abril.

El juicio comenzó el 9 de enero con el trámite de cuestiones previas, en el que la Sala anuló las escuchas telefónicas y rechazó incluir un nuevo bloque para abordar el origen de la investigación y el papel del excomisario José Manuel Villarejo. Tras esto, comenzó el primer bloque, sobre actuaciones en materia de disciplina urbanística en el que sólo está acusado el exalcalde.

En cuanto a este segundo bloque, está previsto que hasta el 26 de abril comparezcan unos 50 testigos. Según el fiscal, "antes y después de las elecciones de 2007", hubo ocasiones en que "por decisión" del entonces alcalde y del que era su jefe de gabinete "se supeditó la concesión de estas licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales del PSOE, o favores de tipo personal".

Para esta acusación, "se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias" y se sometía al trabajador municipal "a una presión injustificada"; una práctica "irregular" que fue detectada a través de las intervenciones telefónicas autorizadas, que fueron anuladas por el Tribunal del caso al estimar la cuestión previa planteada por las defensas de que estas escuchas no se realizaron de forma justificada.