MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), en el que se investigan casos como 'Malaya', contra la corrupción marbellí, o 'Ballena Blanca', sobre blanqueo de capitales, Oscar Pérez, aseguró hoy que Gibraltar "es un paraíso fiscal" y apuntó que actualmente no coopera "en absoluto" en la investigación los casos de blanqueo de capitales.
Pérez, que participó hoy en las jornadas 'Informar en justicia' que se celebran en Málaga con una conferencia sobre la corrupción económica, señaló que "por lo que sé por los medios de comunicación, es su intención" colaborar con este tipo de investigaciones, aunque indicó que actualmente no es así.
Respecto a Suiza, indicó que es un país que "coopera", aunque se encuentra actualmente "a medio camino", porque en los últimos años "se ha sumado a tratados internacionales para la lucha contra la corrupción". Indicó que España "no lo reconoce" como paraíso fiscal y que "sigue poniendo limitaciones".
En su intervención, habló de los riesgos que existen en cuanto a que estos países lleguen a recibir dinero ilícito y afirmó que los paraísos fiscales "ofrecen un trust a la medida, que está concebido para blanquear", de forma que "prohíben toda intervención extranjera pasado un año desde la constitución".
Asimismo, precisó que cuando gran parte del dinero se dirige a paraísos fiscales las posibilidades de investigación "se reducen de forma considerable por la opacidad y falta de información" y ese mecanismo de blanqueo de capitales "dificulta la instrucción".
COLABORACIÓN EN INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN.
Pérez aseguró que "existe un deber de colaboración genérica" entre administraciones para la lucha contra la corrupción y es "obligado" hacer uso de esta cooperación que "mi experiencia me dice fluye con naturalidad" siempre que se solicita. Consideró que para un juez es "fundamental" para este tipo de investigaciones complejas el tener un asesoramiento.
En este sentido, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, apostó por la creación de órganos especializados "con el respaldo humano y material necesario" para abordar la lucha contra la corrupción, que en el ámbito internacional se equipara a la criminalidad organizada.
Así, indicó que en la Fiscalía sí existe esa especialización y reclamó lo mismo en el poder judicial, de quien depende las instrucciones en España. No obstante, consideró fundamental cubrir "las necesidades de auxilio" de jueces y fiscales con unidades formadas por funcionarios de otras administraciones, como la Agencia Tributaria, y especialistas en determinadas materias como urbanismo.
López Caballero consideró que en España hay "suficiente previsión legislativa para la lucha contra la corrupción", pero entendió conveniente introducir las medidas excepcionales de investigación que ya recogen convenios internacionales, "asumidos por España". En este sentido, dijo que falta "legislar" sobre estos supuestos.
Entre estas medidas, destacó el uso de los agentes encubiertos "como ocurre en el tráfico de drogas", puesto que existen delitos como el cohecho en el que "se dan comportamientos opacos en la medida en que supone un pacto de silencio" por ambas partes. Asimismo, apostó por medidas para primar a los arrepentidos desde el punto de vista de la pena.
Además, destacó la necesidad de la cooperación internacional y de reclamar una mayor sanción penal de algunas conductas como el cohecho o el tráfico de influencias. En su opinión, determinados delitos "siempre" deben llevar aparejados las penas de prisión, al margen de la multa o la inhabilitación.
DELITOS URBANÍSTICOS.
Cuestionados por si es necesario detener en los casos de delitos urbanísticos, tanto el fiscal como el instructor del caso 'Malaya' indicaron que se trata de un mecanismo "previsto en la ley" y cumpliendo determinados requisitos "es legítimo e incluso obligado proceder a detener a una persona".
No obstante, coincidieron también en que dependerá de cada caso. Así, Pérez indicó que "un estudio particular del caso concreto nos permitirá hacer un juicio de futuro y decidir si esa persona va a comparecer de ser citada o puede sospecharse que no va a comparecer" y añadió que habrá que tener en cuenta si hay que practicar registros o si existe la posibilidad de que llegue a manipular o destruir fuentes de prueba.
Por su parte, el fiscal recordó que la provincia malagueña tiene "el desgraciado honor" de ser una zona en la que "se puso de manifiesto la necesidad de aplicar un delito nuevo", como fue el de contra la ordenación del territorio, en especial en lo que respecta a la responsabilidad del funcionario.
