MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El candidato del PP a la Alcaldía malagueña y actual regidor, Francisco de la Torre, se marcó como uno de los primeros asuntos a resolver, si gana las elecciones del próximo 27 de mayo, el concurso para hacerse con la gestión cultural del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga, al que aspiran la actual concesionaria, Gestión Cultural y Comunicación, y la Obra Social de Unicaja. Su objetivo es que la adjudicación se llevara a cabo antes de agosto.
De la Torre señaló, en este sentido, que si obtiene la mayoría suficiente, "abordaremos el tema y el equipo técnico analizará si las dos empresas aspirantes cumplen las condiciones del pliego y si es así, se compararán las ofertas".
Al respecto, declaró que "no hay ninguna razón para ir deprisa en este tema", aunque explicó que "es cierto que nos interesa que no se llegue a fin de año sin decidir porque el 1 de enero de 2008 tiene que haber una nueva empresa y por eso el concurso se hizo con tiempo para que el nuevo contrato contara con unos cuantos meses para planificar exposiciones, etcétera".
Así, insistió en que la adjudicación antes de los comicios municipales sería "absurdo", en tanto que "ahora se lleva a cabo sólo la administración ordinaria", y "lo normal y lo correcto, políticamente hablando, es que la nueva Corporación que salga elegida tome la decisión".
"POSITIVO" QUE HAYA MÁS DE UNA OFERTA
Según dijo De la Torre en una entrevista a Europa Press, "es positivo" que más de una empresa opte a hacerse con este concurso, que tendrá una vigencia de 10 años, ya que "demuestra el nivel y el prestigio del Centro de Arte Contemporáneo y el interés que hay por él".
El equipo de gobierno del PP rechazó durante el pleno del pasado mes de abril la realización de una auditoría sobre el CAC Málaga que solicitó el PSOE en una moción de urgencia y que justificó aludiendo a "la necesidad de tener garantías" sobre la correcta gestión del mismo en un momento en el que está pendiente la renovación de la concesión y tras conocerse que la adjudicataria, Gestión Cultural y Comunicación, habría incumplido un contrato con el Gobierno de Cantabria, que motivó la resolución del mismo, decisión que está recurrida en los tribunales.
