MÁLAGA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Málaga acogerá en mayo un encuentro entre los presidentes de las abogacías europea e iberoamericana, coincidiendo con la celebración también de una sesión plenaria de trabajo del Consejo General de la Abogacía Europea (CGAE) y aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, según informó el presidente de la CGAE, José María Davó.
Davó explicó que el objetivo de este encuentro es "el intercambio de criterios y puntos de vista" entre ambas abogacías sobre "temas que nos unen y nos preocupan socialmente, como son sobre todo los derechos fundamentales". Aseguró que podrían asistir unas 200 personas y que el sitio dependerá de las autoridades que acudan a presidir el acto.
Indicó que se analizará la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Iberoamericana y recordó que este año entra en vigor la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que recoge, además de derechos conocidos, otros "más sofisticados", como la biogenética o el poder ser atendidos por autoridades diplomáticas en cualquier país.
Otro tema será el de las nuevas tecnologías de la comunicación, "algo que no es futuro, sino presente", dijo el letrado malagueño, quien aseguró que es una materia que preocupa a los abogados a nivel europeo. Destacó que el Consejo de la Abogacía Española "es quizá el mejor informatizado", siendo unos 70.000 los abogados que realizan ya comunicaciones seguras por correo electrónico.
En este punto, apostó por la e-justicia, que se quiere desarrollar este año, y manifestó su interés en que en el proyecto de justicia en línea de la Unión Europa, se cree un portal para la localización de abogados, con el fin de que un turista que haya tenido algún problema en el extranjero, pueda a su regreso dar con un letrado de ese país.
BLANQUEO
Otro aspecto que también dijo que preocupa a los abogados de otros países europeos es la normativa de blanqueo de capitales, recordando que los tribunales constitucionales belga y francés tienen recurrido la segunda directiva de blanqueo, por lo que, manifestó, "han sido más agresivos" y consideró que la situación "no es nada pacífica".
Davó aseguró que en este sentido la abogacía en España vive una situación que "no es dulce" y declaró que se tiene que entender que el secreto profesional "no es un privilegio del abogado, sino un derecho del cliente", por lo que estimó que su interferencia "tiene que ser excepcional y no convertirse en un ataque sistemático".
Aseveró que el límite entre el derecho al secreto profesional y la obligación del abogado de informar de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales es "demasiado inicial" y esperó que la nueva directiva sirva para concretar más algunos aspectos determinantes en este sentido.
