BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) va a solicitar al Tribunal de Cuentas una auditoría que "abarque el máximo de años posible de la gestión" de la anterior Corporación --Grupo Independiente de Benalmádena (GIB-Bolín)--, según informaron hoy el alcalde, Javier Carnero, y los tenientes de alcalde de Arroyo de la Miel y de Benalmádena Costa, Elena Benítez y Francisco Salido, respectivamente.
La auditoría debe abarcar "no sólo la gestión económica, sino también los convenios urbanísticos, ya que una irregularidad de un convenio de 2004 originó estos informes", precisaron en rueda de prensa.
Además, valoraron el informe de la Cámara de Cuentas sobre la auditoria de las cuentas municipales que realizó, en 2005, la anterior Corporación, y en la que se detectaron 25 millones de euros en pagos irregulares.
Carnero señaló que "vamos a llegar hasta el final para depurar las responsabilidades personales que se encuentran tras estas irregularidades en la gestión económica". Además, recordó que la fiscalización de 2005 estuvo originada por un informe previo de la Cámara de Cuentas.
"En 2004 realizaron un análisis sobre la gestión que realizaban los ayuntamientos del patrimonio del suelo, en el que ya detectaron que no se justificaban el destino de tres millones de euros obtenidos a través de un convenio urbanístico", detalló el alcalde.
En el informe de la Cámara de Cuentas "figura que el 88 por ciento de las contrataciones por obras no se realizaron siguiendo los procedimientos habituales, sumando 12 millones de euros en el apartado de inversiones sin contrataciones", indicó.
En cuanto a los servicios, Carnero informó de que el 67 por ciento de las contrataciones se efectuaron al margen de los procedimientos legales, sumando otros 13 millones. "Así, sólo en 2005 hubo 25 millones de euros se otorgaron al margen de contrataciones", apuntó.
En este sentido, precisó que la mayor parte de estas irregularidades se detectaron en dos áreas municipales: Infraestructuras y Obras y Medio Ambiente. Carnero recordó que el concejal de Medio Ambiente en aquel periodo era Enrique Moya, actual portavoz del PP.
Una vez concluyó el informe, se remitieron los resultados al Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias para resarcir los daños derivados de esta gestión. "Se trata de diligencias personales contra los miembros del anterior equipo de gobierno que promovieron esta nefasta e irregular gestión económica", aclaró el alcalde.
A raíz de las pesquisas de la Cámara y el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento ha convocado para la próxima semana un pleno extraordinario "para dar a conocer las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas", así como someter a votación un decreto emitido por el alcalde, que pretende incoar un expediente de indemnización y reconocimiento de deuda a proveedores, confeccionar una relación de recibos y minutas que no se hicieran según la forma adecuada y depurar responsabilidades de cada uno de los miembros del anterior equipo de gobierno.
