Con Málaga critica "modelo injusto y privatizado" en la adjudicación de VPO

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha anunciado la presentación de una moción para "reforzar la transparencia, la equidad y el control público en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO)".

Ha detallado que la propuesta se plantea "al hilo del nuevo modelo de asignación de viviendas propuesto para las promociones acordadas por el equipo de gobierno con la promotora privada Lagoom Living".

Sguiglia ha recordado que cerca de 35.000 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en Málaga, "una cifra que evidencia la magnitud del problema" y que, a su juicio, "obliga a extremar las garantías en el acceso a este recurso".

"La situación de la vivienda en Málaga es una auténtica emergencia. Precisamente por eso, las políticas públicas deben ser ejemplares, transparentes y centradas en quienes más lo necesitan", ha señalado.

También ha criticado "el modelo impulsado por el Ayuntamiento en las últimas promociones, basado en la colaboración con promotoras privadas a las que se les está dejando la gestión directa de los procesos de adjudicación" y ha afirmado que "se está dejando en manos privadas la adjudicación de viviendas públicas".

Al respecto, ha señalado que "esto es un grave error: la vivienda protegida debe gestionarse de forma directa por el Ayuntamiento para garantizar el control público y la igualdad".

En este punto, también ha cuestionado "los criterios actuales de acceso, que permiten optar a estas viviendas a personas con ingresos de hasta 4.400 euros mensuales, una cifra que considera alejada de la realidad social de la ciudad".

"No tiene sentido que en una ciudad con salarios medios mucho más bajos se diseñen promociones públicas a las que pueden acceder rentas tan elevadas", ha dicho y ha incidido en que "hay que priorizar a quienes tienen más dificultades".

Por otro lado, Con Málaga también critica "el sistema de adjudicación por orden de llegada, que sustituye a mecanismos tradicionales como el sorteo público".

"Adjudicar viviendas por orden de llegada vulnera los principios de igualdad", ha advertido el Sguiglia y ha considerado, además, que este método de asignación "perjudica a personas mayores o a quienes no tienen acceso o habilidades digitales, y además abre la puerta a posibles prácticas irregulares".

Por ello, la moción presentada por Con Málaga plantea tres líneas de actuación para "corregir" lo que consideran "un modelo injusto". En concreto, en primer lugar proponen que "todas las promociones de vivienda protegida desarrolladas sobre suelo público o con financiación pública sean gestionadas directamente por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), evitando que la adjudicación quede en manos privadas".

También plantean que todas las VPO se adjudiquen exclusivamente mediante sorteo público, "como mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades frente a sistemas como el orden de llegada".

Asimismo, la iniciativa apuesta porque "los requisitos de acceso se ajusten a la renta media de la ciudad, priorizando a las familias con ingresos medios y bajos frente a modelos que amplían el acceso a rentas más altas".

"Proponemos algo muy claro: control público, sorteo como regla general y criterios sociales ajustados a la realidad de Málaga. La vivienda protegida debe ser una herramienta de justicia social, no un privilegio para unos pocos", ha indicado Sguiglia.

Además, la moción incluye medidas para reforzar la transparencia en todo el proceso, como la creación de un portal específico donde se publiquen los criterios de adjudicación, el número de solicitantes, los listados y los perfiles socioeconómicos de los adjudicatarios.

Por último, desde Con Málaga han insistido en que la vivienda protegida, especialmente cuando se construye sobre suelo público, "debe responder exclusivamente al interés general" y "no puede gestionarse como una promoción inmobiliaria convencional". "La ciudadanía exige transparencia, igualdad y rigor. No podemos permitir que la política de vivienda se aleje de su función social en un momento tan crítico como el actual", ha concluido.