Según la Policía, los constructores detenidos en noviembre por el caso 'Malaya' aportaron cerca de un millón de euros
MÁLAGA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varios de los empresarios detenidos el pasado mes de noviembre dentro de la tercera fase de la operación 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), pagaron dinero al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, para que se les concedieran por la vía del silencio administrativo licencias de primera ocupación presuntamente ilegales, por no ajustarse al planeamiento. Según la Policía, estas aportaciones iban, entre otros, al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, a la ex alcaldesa Marisol Yagüe y a otras personas sin identificar.
Así, el juez que instruye la causa, Miguel Angel Torres, asegura, en algunos autos incluidos en la parte del sumario cuyo secreto se levantó ayer, a los que tuvo acceso Europa Press, que Roca inventó este sistema "ante la imposibilidad de conceder licencias de obras por no prosperar un nuevo plan general y no haber ninguno que sirviera para amparar la arbitrariedad en la concesión de licencias y obtener lucro ilícito con el rechazo del plan de 1998".
Así, según el magistrado, una de las pocas vías que quedaban era "exigir dinero por la concesión de licencias por silencio positivo". "Se trata pues de ofrecer un nuevo servicio para permitir a los empresarios que estuvieran interesados en obtener licencias de primera ocupación contrarias a la legalidad resolver su problema, pagando a Roca", según considera el juez Torres.
Para el instructor y la Policía, éste es el caso de cuatro de los empresarios que fueron detenidos el pasado mes de noviembre en el marco de la tercera fase de la operación policial; mientras que en otros dos, las aportaciones fueron para rectificar un convenio, para que se reconociera una deuda y para la adjudicación de una serie de parcelas. Entre todos, pagarían a Roca cerca de un millón de euros para conseguir resoluciones urbanísticas favorables.
El empresario José María Enríquez abonó a Roca 288.000 euros, según el informe Policial, en el que se señala la existencia de una secuencia temporal entre los pagos y las resoluciones favorables. Así, "curiosamente" un mes después de dicha aportación, los problemas de la obra, "iniciada mucho antes de la aprobación del proyecto de ejecución", quedaron resueltos. El constructor Manuel Lores abonó a Roca, según las investigaciones, 50.000 euros por una licencia de primera ocupación.
En el caso del empresario taurino José María González de Caldas, la aportación que se le achaca es de 60.000 euros, cantidad que entregó "su amigo" y arquitecto de una de las promociones ejecutada por la empresa del primero, Miguel López Benjumea, también imputado. La intervención policial evitó que se concediera en este caso la licencia, aunque sí se dio el paso previo de cambio de titularidad del permiso de obras, que "por cierto, ya estaban terminadas".
Asimismo, otro de los detenidos e imputados Giovanni Piero Montaldo, que según la Policía podría estar "vinculado a la mafia calabresa", pagó 300.000 euros, según el juez, cantidad que se eleva hasta los 540.000 euros, según los cálculos recogidos en el informe policial. En este caso, las obras tenían un exceso de volumen en relación a la licencia y el dinero abonado se distribuyó entre la ex alcaldesa, que recibió según los datos 240.000 euros; y el ex secretario municipal, que percibió 18.000 euros.
El empresario Francisco Zambrana pagó 45.000 euros para que se eliminara la exigencia de que el convenio se acondicionase a los informes técnicos; mientras que uno de los vicepresidentes de Promotur Eusebio Sierra abonó, según los investigadores, 60.000 euros para que se le adjudicase a una entidad vinculada con él unas parcelas y para que se le reconociera una deuda a su favor y a cargo del Ayuntamiento por importe de casi siete millones de euros.
