MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -
El instructor del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha autorizado la venta de un hotel de los Alcázares (Murcia), por el precio de 26,5 millones de euros, y del Palacio o Palacete de Saldaña, ubicado en Madrid, por 15,5 millones de euros, pertenecientes ambos a Condeor, empresa vinculada al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Desde la defensa de éste señalaron que se recurrirán ambas resoluciones.
El juez argumenta en los autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que la situación económica de la empresa es "lamentable en tanto incapaz de generar recursos" y precisa que se enfrenta "por el momento" a 11 procedimientos judiciales, así como que se le reclaman "varios millones de euros". Estas operaciones fueron solicitadas por el administrador judicial de la sociedad y el fiscal informó no oponiéndose.
Así, señala que para hacer frente a estas deudas y reclamaciones, la empresa cuenta con un saldo de 1.015.254 euros, pero precisa que si se descuentan los 1,6 millones "entregados a cuenta" por la venta del palacete, a través de un contrato privado de abril de 2007, que habría que devolver de no realizarse la operación, "el saldo de caja sería negativo".
Por tanto, considera que la venta "no es sólo necesaria, sino que es la medida más apropiada para la propia compañía", ya que "de no procederse a la venta de algún bien patrimonial de la entidad, sería imposible hacer frente a las deudas y reclamaciones pendientes".
En este punto, explica que la situación "podría dar lugar no sólo al colapso de la sociedad sino a la pérdida del patrimonio, que sería ejecutado para proceder al pago de las deudas que se van multiplicando", ya que, señala, no se producen ingresos "desde la detención de Juan Antonio Roca y que éste dejara su puesto en el Ayuntamiento".
En ambos casos, los precios fijados para la venta son superiores a las tasaciones aportadas, según las resoluciones, en las que se acuerda autorizar la venta de ambos inmuebles por la situación descrita, al no haber oposición por parte del ministerio fiscal y "ante el silencio del interventor judicial", designado por Roca, que solicitó que se le diera traslado de la pieza de administración judicial de Condeor.