Málaga.- PSOE de Marbella pide que se destine al menos un cinco por ciento del presupuesto de 2009 a servicios sociales

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Marina Torres anunció hoy que su grupo ha presentado una moción solicitando al equipo de gobierno del PP que destine al menos un cinco por ciento del presupuesto municipal de 2009 para servicios sociales.

En este sentido, Torres manifestó que "la partida reservada para este fin en 2008 fue ridícula, sólo de cuatro millones de euros, y se pudo ver en las pocas ayudas que se dan a familias con menores, situaciones de emergencia social, listas de espera en la ayuda a domicilio o la nula inversión en mejorar las instalaciones en los centros de mayores".

Asimismo, la edil socialista recordó que parte de los destinado el pasado año sirvió para "sufragar los gastos de personal de la Delegación de Bienestar Social, así como el mantenimiento de la Fundación Marbella Solidaria".

Torres insistió en que "fue la Junta de Andalucía, con dos millones de euros, la que contribuyó a la financiación de los servicios sociales comunitarios", a la vez que criticó que "a los más necesitados del municipio no se les puede prestar la atención y ayuda que necesitan y merecen".

MALOS TRATOS

Por otro lado, el PSOE anunció que también ha presentado una moción reclamando que se impida que las personas acusadas de malos tratos opten a subvenciones municipales. Así, el concejal Javier de Luis indicó que se propone que "se modifique la ordenanza general de subvenciones municipales para incluir nuevos supuestos en los requisitos que deben reunirse".

En este sentido, explicó que "entre estos requisitos debe contemplarse que aquellas asociaciones en las que algunos de los integrantes de sus órganos de representación o cualquier otro miembro activo haya sido condenado por sentencia firme por delito de agresión sexual, de violencia domestica o maltrato o agresión a niños, no podrá optar a la subvención".

Finalmente, apuntó que de lo que se trata "es de hacer efectivo el aislamiento de los maltratadores, impidiendo que accedan a ayudas públicas, como ya ocurre con los acusados por terrorismo".