Málaga.- Tribunales.- Piden 4 años para el director de Aifos por vender dos veces dos apartamentos de Guadalpín Marbella

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión para el director general de Aifos, Jenaro Briales, al que acusa de un delito continuado de estafa, puesto que, presuntamente, la empresa vendió dos veces a distintas personas dos apartamentos del complejo hotelero Guadalpín Marbella, ubicado en esta localidad malagueña.

Los hechos sucedieron, según el escrito de conclusiones iniciales del ministerio fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, en septiembre de 1999 cuando el acusado, representante legal de la sociedad, y una empleada, actuando ambos en representación de la empresa Comfira, actualmente Aifos, vendieron a una pareja dos apartamentos con aparcamiento y trastero.

Una vez pactada la forma de pago, según continúa el relato de la acusación pública, el comprador fue abonando varias cantidades, pero al estimar el acusado que "el comprador había faltado a sus obligaciones debido a unos retrasos", mandó un burofax a éste en marzo de 2001 por el que la empresa rescindía "de manera unilateral" los contratos.

A raíz de esto, el acusado, "a sabiendas de que ya había vendido los apartamentos en el año 1999", procedió a venderlos nuevamente "por un precio mucho mayor" a dos personas diferentes en contratos firmados en junio y en septiembre de 2001. Por estos hechos, se presentó una querella el 1 de agosto de 2006 y, finalmente, uno de los apartamentos quedó inscrito a favor del querellante.

Así, el representante de la acusación pública estima que el acusado y su empresa "recibieron el dinero de las compraventas de 1999, que luego pusieron a disposición del comprador, tras detraer los gastos, y de los nuevos y segundos adquirientes en 2001", por lo que considera que se trata de un delito continuado de estafa.

Además de la pena de prisión, solicita que el procesado pague a la pareja la cantidad aportada, más los intereses correspondientes desde la fecha de la compraventa, aunque el fiscal considera que debe responder como responsable civil subsidiario la empresa Aifos, de la que el acusado es representante legal.