MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, han recurrido la decisión del juez de Instrucción número 5 de Málaga de archivar la querella presentada por Roca por la retirada de cinco libretas antes de ser trasladado de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre a la de Albolote (Granada).
Así, según informaron a Europa Press desde la representación legal del ex asesor de Urbanismo marbellí, el recurso se ha presentado en primer lugar ante el mismo juzgado y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia Provincial; y se alega una presunta vulneración del derecho de defensa.
Explicaron que previamente se acordó deducir testimonio de los cuadernos, que estaban en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, donde se abrieron diligencias contra Roca por un delito de amenazas --causa que se archivó también--; pero finalmente "se ha dictado la resolución sin que se haya deducido testimonio y por tanto sin saber el contenido de los cuadernos".
"No sabemos cuál es el contenido de las libretas, ni el juez ni la fiscal", apuntaron las fuentes, quienes precisaron que esta resolución "nos deja en una indefensión total y absoluta". Además, se preguntaron "cuáles son las garantías que tiene un señor que es presunto, que no está condenado".
Los hechos sucedieron el 6 de octubre del pasado año y la medida de retirar los cuadernos fue acordada, según la instrucción del caso, por el ex subdirector de Seguridad de la prisión y actual director, Antonio Guerrero, imputado en la causa, al igual que el que era en ese momento responsable de la cárcel, Ángel Herbella, contra el que inicialmente los abogados de Roca presentaron la querella por los delitos de prevaricación, infidelidad en custodia de documentos, revelación de secretos y contra los derechos fundamentales.
Ahora, el juez de Instrucción número 5 de la capital acuerda el sobreseimiento provisionalmente y archivo de la causa, por concluir, según el auto al que tuvo acceso Europa Press, que los hechos relatados en la querella y acreditados en la instrucción "son el resultado del ejercicio de uno de los mecanismos de control y prevención aplicables a los internos al amparo de la Ley General Penitenciaria, sin que sea observable actuación alguna digna de reproche penal".
Así, el magistrado precisa que el ex asesor de Urbanismo marbellí "es un interno preventivo incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento y de Características Especiales y recuerda que el subdirector de Seguridad expuso en su declaración como imputado y en la orden escrita que en ese momento entendía que los cuadernos "podrían atentar a la seguridad del centro".
Con esto, el juez dice que dicha intervención "lo fue en el ejercicio de las competencias asignadas a Instituciones Penitenciarias, en este caso, al subdirector de Seguridad, pues entendió que dicha información pudiera afectar a la seguridad y orden del centro, además de a la propia seguridad de los funcionarios".
El instructor niega vulneración de los derechos fundamentales del interno, por entender que la Ley Penitenciaria "da cobertura y fundamenta" la actuación llevada a cabo por el subdirector y por los funcionarios; y apunta que una vez retiradas las libretas se enviaron al Juzgado número 5 de Marbella, que instruye el caso 'Malaya', "para su control y resolución", por lo que "no puede deducirse un ánimo de limitación de los derechos del interno".
Recuerda que el juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, se inhibió y remitió a Málaga las diligencias abiertas, que recayeron en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que citó a declarar a Roca como imputado en un delito de amenazas en relación a esas libretas, aunque archivó las diligencias por no existir delito alguno.
Además, comparte con el fiscal el argumento de que la orden cumple con todos los requisitos exigidos. En este punto, en el informe del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que en ese momento "no existía otra medida más moderada para conseguir el objetivo propuesto" y, además, era "equilibrada, al derivarse más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros valores en conflicto".
Respecto a una posible infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, el juez indica que "no se ha podido acreditar el origen de la filtración de información publicada", aunque precisa que en la instrucción "no ha quedado acreditado" que se rompiera la cadena de custodia de los documentos ni tampoco "de dónde procedió la información que posteriormente fue publicada".
Por último, estima "intrascendente" en este caso si se recibió llamada en la coordinación de seguridad de Madrid por parte del subdirector de la prisión malagueña y considera que estos hechos hubieran sido susceptibles de control jurisdiccional con acciones ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
