Pleno de Diputación de Málaga rechaza paralizar ofertas de empleo hasta la modificación de Estatuto del Empleado Público

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, preside el pleno de marzo
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, preside el pleno de marzo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 17 marzo 2021 15:18

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha rechazado, con los votos en contra del PP y Ciudadanos y del diputado no adscrito Juan Cassá, un punto de la moción urgente del PSOE en la que solicita la paralización, hasta final de año, de las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 de las plazas ocupadas por empleados públicos interinos de larga duración de la institución provincial y del Patronato de Recaudación Provincial, con el fin de conocer la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha informado de que su departamento reformará el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para obligar al conjunto de las administraciones a cubrir "en plazos razonables" las plazas creadas que actualmente están ocupadas por personas sin un contrato fijo. Hace un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia sobre las interinidades, reconociendo el "carácter abusivo de la temporalidad en el sector público".

La diputada provincial del PSOE Patricia Alba ha defendido esa paralización de dicha oferta de empleo público en la institución malagueña y en el Patronato de Recaudación y ha aludido a que en este último caso sí se ha parado, lo que ha tachado de "discriminación"; al tiempo que ha lamentado que las bases en el caso de la Diputación no estén consensuadas: "Hay un escollo y lo sabe", ha dicho al diputado de Recursos Humanos, Juande Villena.

En los mismos términos, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha pedido al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que reconduzca las negociaciones paralizadas y que garantice que la oferta de empleo público "no saldrá sin consenso"; además de estar de acuerdo con el PSOE en paralizar la oferta hasta la reforma del Estatuto del Empleado Público.

Villena, por su parte, ha indicado que "la mayoría" de los empleados quieren que se lleve a cabo esta oferta pública de empleo, incidiendo en que las bases "son muy beneficiosas y están negociadas" con los representantes de los trabajadores, algo que no comparte la oposición.

El diputado 'popular' ha dicho a PSOE y Adelante que "no jueguen con la incertidumbre de más de 300 trabajadores implicados en el proceso selectivo" cuando aún se desconoce la solución que se dará a los interinos por parte del Ejecutivo central, de quien es competencia, ha incidido. Así, ha subrayado que la "mejor herramienta" para acabar con la temporalidad es esta oferta de empleo.

Por alusiones, Salado, ha considerado que la oferta de empleo público debe seguir adelante y ha destacado el trabajo realizado por el equipo de gobierno anterior y el actual al respecto: "En anteriores corporaciones gobernadas por el PP se ha consolidado a más de 300 empleados, con el consenso de todos y ahí están con su plaza ganada y ese es el objetivo en esta etapa".

Tras asegurar que las bases se han consensuado "prácticamente en todos los extremos con los sindicatos y muy parecidas a las aprobadas por consenso y por unanimidad en el Patronato de Recaudación"; Salado ha aclarado en que en el caso de este organismo están más avanzados en la tramitación "y solo faltaba la fecha de examen", acordándose dejarlo para septiembre.

Mientras tanto, se proseguirá con el procedimiento en la Diputación, que no va tan adelantado como en el Patronato. Lo que sí ha garantizado Salado es que llegado el momento se subsanarían las bases acordadas para acogerse "a los beneficios que legislativamente" diga el Gobierno central "pero mientras tanto vamos a seguir avanzando". "No tengan miedos, se les va a aplicar la legislación más beneficiosa si hubiese una modificación legislativa", ha finalizado.

Sí se ha acordado por unanimidad el primer punto de la moción del PSOE, en línea con la moción institucional aprobada en la que se insta al Ejecutivo central a modificar el citado texto refundido del Estatuto y al Gobierno andaluz a que, en el marco de las negociaciones actuales con el Gobierno, aborde de manera urgente las medidas para la estabilización del personas de las administraciones de su ámbito.

TURISMO

También se ha abordado la moción urgente del PP para reclamar al Gobierno que se modifiquen los criterios de reparto de las ayudas directas al turismo, "que constituyen una injusticia y discriminación clara" para Málaga y la Costa del Sol al aportar 2.000 millones en exclusiva para Canarias y Baleares y los 5.000 millones restantes para las demás comunidades autónomas, ha recordado la vicepresidenta segunda, Margarita del Cid, quien ha defendido la moción con datos "objetivos" sobre el desplome turístico en el destino en comparación con los insulares y el peso específico del sector.

Adelante ha criticado esta moción al igual que el PSOE, que la ha tachado de "absurda". En este caso, su portavoz, José Bernal, ha recordado que se compara a la Costa del Sol "con dos comunidades autónomas": "El PP va buscando el agravio comparativo y el enfrentamiento entre territorios. Andalucía recibirá 1.100 millones de euros".

Ha asegurado que Andalucía recibirá más dinero que Madrid, por ejemplo, "algo impensable con un gobierno de Aznar o Rajoy para Andalucía". "Vamos a ser serios y contar las verdades", ha dicho, añadiendo que "cuando se es incapaz de gestionar lo que uno tiene lo que se hace es buscar culpables de fronteras para fuera".

En este punto, ha cuestionado al equipo de gobierno dónde están las ayudas de la Junta de Andalucía, "que es la competente en materia de turismo" y por qué Turismo Costa del Sol no destina el dinero de la "propaganda y la publicidad" al sostenimiento del empleo en el sector.

SUBVENCIÓN EN ALMARGEN

Por otra parte, el Pleno ha rechazado, con los votos en contra del equipo de gobierno de PP y Cs y el diputado no adscrito, la moción urgente de Adelante sobre la filtración de una información referente a la pérdida de la subvención del plan de infraestructuras hidráulicas de la comarca de Antequera, según se pudo conocer por un vídeo en redes sociales en el que aparece el diputado provincial del PP Juan Álvarez, junto al concejal del mismo partido de Almargen informando de que el Consistorio ha perdido la subvención; algo que "no ha sido comunicado" al gobierno de dicha localidad.

Sánchez ha pedido que se depuren responsabilidades por esa filtración y que se repruebe a Álvarez, además de criticar que no se haya dejado comparecer en la Tribuna de Alcaldes del pleno a una teniente de alcalde de Almargen. En los mismos términos ha opinado el diputado socialista Manuel Chicón, quien ha lamentado que no se haya informado de la pérdida de la subvención y ha considerado que este video "que pudiera ser anecdótico es como entiende el PP el gobierno de sus instituciones, anteponiendo el clima partidista a la lealtad institucional".

Álvarez ha salido al paso de las acusaciones de la oposición y ha considerado la moción una "cortina de humo" para desviar su "incapacidad de gestión" en el Ayuntamiento de Almargen por haber denunciado la pérdida de una subvención en el plan de infraestructuras hidráulicas por valor de 246.480 euros, lo que supone "casi el 15 por ciento del presupuesto del municipio".

Así, ha asegurado que no tiene "sentimiento de culpa" por esa conservación y se ha preguntado si no sería más recomendable reprobar "a los que no defienden los intereses de sus vecinos y a los que van a perder esta subvención" por no haber atendido las bases de la convocatoria.

El presidente de la Diputación ha insistido en que el equipo de gobierno tendrá posibilidades de defenderse pero ha indicado que la Tribuna de Alcaldes es para los regidores y regidoras y ha insistido en que el problema ha sido no cumplir las bases de la convocatoria. También ha defendido que es un trámite "largo no resuelto".

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