MÁLAGA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha lamentado que el PSOE esté tratando de confundir a los profesionales de los equipos de refuerzo de los servicios sociales comunitarios y a la opinión pública y ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias en relación con la Ley de Dependencia.
El portavoz 'popular', Francisco Salado, ha insistido en que este servicio lo gestiona la Diputación en función de los fondos que recibe del Gobierno andaluz. De este modo, en la resolución del pasado 31 de diciembre, la Junta sólo previó las contrataciones de ocho de los 17 profesionales, dejando fuera a los nueve administrativos.
Así lo ha señalado tras las declaraciones de los diputados socialistas Fuensanta Lima y Javier García León que han exigido al equipo de gobierno del PP que mantenga a todo el personal administrativo --nueve trabajadores-- de los servicios de ayuda a domicilio y dependencia, tras la reunión mantenida este jueves con los representantes sindicales de la institución.
"Es lamentable que los socialistas en Málaga no tengan valor de demandar a sus compañeros de la Junta que mantengan estos puestos de trabajo y además trate de pasar el asunto a otra administración", ha criticado Salado.
El portavoz ha denunciado la "estrategia de manipulación y recortes" que está practicando el Ejecutivo andaluz, gobernado por PSOE e IU, respecto a la Ley de Dependencia. "La defienden con la boca pequeña, mirando hacia otro lado para no hacer frente a sus obligaciones y tratando de traspasar sus problemas a otras instituciones", ha asegurado.
En este punto, Salado ha considerado "contradictorio" que los socialistas consideren "imprescindible" la labor de los administrativos para el desarrollo de la Ley y que, sin embargo, no destinen fondo para sus contrataciones. "Están admitiendo que no cumplen con sus deberes como merecen los ciudadanos", ha afirmado.
El portavoz del PP ha reiterado que el delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta, Daniel Pérez, no responde a los requerimientos de la Diputación relativos a la Ley de Dependencia y otros programas sociales, por lo que hay numerosos convenios y proyectos bloqueados.
Además, ha recordado que el Gobierno andaluz mantiene numerosas deudas con la institución provincial, como es el caso de los equipos de tratamiento familiar, la atención a domicilio de la Ley de Dependencia o los convenios de Aspromanis y Sagrado Corazón.
Frente a la política de recortes en materia social de la Junta, Salado ha destacado que los presupuestos de la Diputación de Málaga para 2013 prevén mantener el gasto social en 27 millones de euros.
