MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud (Promotur) mantiene su disposición de retirar los recursos que tiene interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aunque el colectivo esperará a ver los "ajustes" del documento.
En este sentido, el secretario de la asociación, Ángel Salazar, manifestó que, tras la firma del Pacto por la Vivienda y que la Junta se comprometiera a buscar mecanismos para flexibilizar la interpretación del POTA, entienden que el documento "está mejor planteado".
Sin embargo, indicó en declaraciones a Europa Press que, "a partir de ahora, tenemos que analizar exactamente cuál es su desarrollo y cómo se plasman esos ajustes", por lo que abogó por "darle tiempo al tiempo".
Salazar insistió, no obstante, en que desde la asociación siguen dispuestos a retirar el recurso contra el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ya que, a su entender, tras las matizaciones del Gobierno andaluz, "se han cumplido bastantes de nuestras expectativas".
FADECO PROMOTORES.
Por contra, la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) expresó esta semana que mantendrá los recursos contra ciertos aspectos del POTA y consideró "notablemente insuficiente" el borrador de decreto sobre agilización urbanística que prepara la Junta y que servirá para desarrollar el Pacto por la Vivienda.
Fuentes de Fadeco precisaron a Europa Press que por el momento mantendrán sus recursos contra el POTA y explicaron que "cuando todo el desarrollo normativo del Pacto por la Vivienda haya visto la luz en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a lo mejor la junta directiva se plantea esa retirada".
No obstante, insistieron en que dicha posible retirada "dependerá del contenido de las disposiciones y decretos que vayan saliendo, no sólo del propio Pacto por la Vivienda".
Fadeco Promotores y Promotur anunciaron a principios del pasado año 2007 que recurrirían ante el TSJA el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y solicitaron la suspensión cautelar "de todos sus efectos".
