MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)
El coordinador de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del PP andaluz, Antonio Sanz, ha incidido este lunes en que la seguridad es "un problema que afecta a todos por la dejación del ministro de Interior, que está desaparecido".
"Hemos pasado de hechos aislados a una situación de impunidad que preocupa profundamente por la falta de respuesta del Gobierno de España", ha aseverado durante el Foro de Seguridad que ha organizado la formación provincial, donde ha destacado que Andalucía "va a ser pionera en autorizar el uso de pistolas táser en el segundo reglamento de medios y homogeneización de medios de la Policía Local" y ha pedido que se extienda al resto de cuerpos.
Durante su intervención ha exigido "más medios, más efectivos y más compromiso por parte del Estado ante el aumento del crimen organizado. Estamos hablando de violencia organizada, planificada, internacional; de bandas que actúan con armas de guerra, no con armas de fogueo", ha incidido Sanz.
Así, ha resaltado "el aumento de infracciones penales" en la provincia, "una situación que se hace extensible con el asunto del narcotráfico a Cádiz, Sevilla y Huelva y que debe conllevar una respuesta del Gobierno, pero el Gobierno está desaparecido; su estrategia y dedicación exclusiva es defenderse de los casos de corrupción mientras los andaluces sufrimos esta falta de defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la mayor situación de abandono de la historia".
Sanz ha insistido en "el déficit" de agentes y en la necesaria modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), así como en la falta de seguridad de los propios efectivos, por lo que ha reclamado un cambio normativo.
Asimismo, ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que "cumpla con el compromiso" de declarar profesión de riesgo a los cuerpos policiales, además de implementar la equiparación salarial, "un acuerdo alcanzando durante el Gobierno del PP y que el PSOE incumple", así como que las agresiones tanto a la Policía Nacional como la Guardia Civil sean declaradas como "delito europeo", lo que supondría un endurecimiento de las penas, ha concluido.