MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de varios procesados por blanqueo de capitales en el caso 'Malaya' defendieron hoy la actividad "lícita y real" de las sociedades supuestamente vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, que eran dirigidas por sus clientes, y aseguraron que ser testaferro o administrador en nombre de terceras personas no es un acto delictivo en sí.
El letrado de Óscar Benavente, considerado en la instrucción uno de los principales testaferros de Roca, afirmó que esta figura es "afín" a la fiduciaria y señaló que "la mera administración de una sociedad en nombre de otro es algo legalmente aceptado y no constituye delito". Además, añadió que su cliente "nunca" ocultó su papel de fiduciario, algo que está documentado.
Así, explicó que para que se pueda imputar un delito de blanqueo en estos casos hace falta acreditar el origen ilícito de los fondos de las sociedades y que la persona que las administra o gestiona conozca dicho origen, lo que, según aseguró el letrado, no se da en su cliente, pues las empresas con las que tenía vinculación "tenían una actividad real y lícita", apuntó.
Además, la defensa de Benavente añadió que esas sociedades se sustentaban "en su actividad comercial" o, en su defecto, en préstamos bancarios, además de que estaban dadas de alta, registradas y pagaban sus impuestos, asegurando que el auto de procesamiento contiene respecto a este origen ilícito afirmaciones "vagas, gratuitas y sin respaldo probatorio".
Por su parte, el abogado que expuso en nombre de los procesados Gonzalo Astorqui y Julio Blasco, ambos administradores "no fiduciarios" de dos empresas vinculadas a Roca, dijo que al principio de la instrucción el trabajar para éste "ya significaba un delito de blanqueo" y se congratuló de que posteriormente se pasó a considerar al administrador "dentro de la imprudencia grave".
"Pero yo voy más allá, analicemos esta labor para eliminarla del delito de blanqueo", manifestó el letrado, quien apostó por una interpretación "más restrictiva" de este delito y por "ir al origen de los fondos y no quedarse en el entramado societario". "Encontremos primero al delincuente y luego a los abogados y a los economistas", dijo.
Respecto a Astorqui, aseguró que era un economista de reconocido prestigio que no había estado nunca en Marbella, por lo que "no se le puede acusar de que sabía los antecedentes de Roca", afirmó el letrado, quien apuntó que "ahora se habla mucho de la corrupción en Marbella pero quién se atrevía a decir algo antes", señalando que "ha habido mucha pasividad" y que Roca en esos momentos estaba "en un segundo plano".
Insistió en que sus clientes "no eran hombres de paja", porque las sociedades tenían "una actividad real", al tiempo que explicó que ambos pidieron al juez, una vez que ya se produjeron detenciones, que se tomaran medidas para salvar las empresas. "Siempre estuvieron movidos por la profesionalidad", apostilló y consideró que "no hay informe que diga de qué actos delictivos tuvieron conocimiento".
En este mismo sentido se expresó este letrado para hablar de otro de sus defendidos, el abogado Juan Hoffmann, supuesto encargado del entramado internacional, de quien dijo que nunca supo el origen del dinero de una operación y manifestó que un banquero suizo, que declaró a instancia de la defensa, dijo que dicha operación superó los controles.
OTROS TRABAJADORES
Por su parte, la defensa del ganadero Manuel González Sánchez-Dalp pidió el sobreseimiento libre. Aseguró que su defendido lo que ha hecho en su vida es "administrar ganaderías de distintas personas", como ocurrió en este caso, y dijo que incluso se puso a disposición del juzgado para colaborar, siendo la respuesta "su detención delante de su familia y de los vecinos", apuntó el letrado.
"Sólo por el hecho de administrar una sociedad parece que se le convierte en testaferro y eso, en este caso, se ha convertido en delito y en causa de procesamiento", criticó el abogado, quien apuntó que "hasta la amistad parece que se convierte en un delito". Se preguntó dónde está el origen ilícito de los fondos y solicitó la desaparición o reducción de la fianza de responsabilidad civil.
En el caso de la secretaria de Montserrat Corulla, Úrsula Quinzano, su letrada indicó que se trataba de una empleada "sumisa" que firmó lo que le dijeron pero sin saber nada de las sociedades. "Sumisa porque si no firmaba, iba a la calle", apuntó la abogada, quien indicó que el fiscal "no ha podido acreditar que obrara como miembro de una organización de blanqueo, sino que son meras sospechas de la Policía".
Respecto a otro trabajador procesado, Sergio Santana, esta misma letrada señaló que éste, informático de profesión, que "ahora está en el andamio", no estaba en las sociedades a partir de 2004, por lo que se preguntó "qué pinta este señor aquí". Aseveró que se han utilizado "datos inconexos para mantener una imputación que ha supuesto una verdadera condena social y económica".
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