La Junta pide su paralización al tratarse de bienes públicos
BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una comisión judicial se ha personado este martes en la Escuela de Hostelería La Fonda, en el municipio malagueño de Benalmádena, para realizar un inventario de sus bienes y cuentas ante la orden de embargo dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Málaga, según ha señalado a Europa Press un portavoz de los trabajadores.
Esta orden de embargo de los bienes, del material de cocina y otros activos del Consorcio Escuela de Hostelería La Fonda tiene como objetivo hacer frente al abono de una condena de más de 260.000 euros derivada de la demanda interpuesta por dos exempleados, que solicitaron la extinción de sus contratos por el impago continuado de sus nóminas.
Por su parte, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta ha interpuesto un escrito ante el juzgado para dejar sin efecto dicha decisión, aludiendo a que los bienes públicos vinculados a la prestación de un servicio público no se pueden embargar.
Un nuevo revés, por el momento, para esta escuela, cuyo curso ha sido bastante polémico, no habiendo iniciado ni siquiera la actividad académica. De hecho, este año ha estado marcado por los impagos a proveedores y a trabajadores.
La posibilidad de quedarse sin cocinas ni utensilios con los que practicar contrasta con el hecho de que el pasado 15 de junio la Escuela de Hostelería La Fonda, al igual que La Cónsula, en la capital, abrió el plazo de recepción de solicitudes de alumnos para el próximo curso escolar.
