MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha criticado que el convenio colectivo de la dependencia "está totalmente bloqueado por una sinrazón y cerrazón de los empresarios", ha avanzado que no descartan convocar nuevas movilizaciones y ha pedido una financiación "adecuada y estable en el tiempo" para el sector.
Con motivo de las movilizaciones que tienen lugar este miércoles para el avance en la negociación del convenio, Castilla ha explicado en una rueda de prensa en Málaga que actualmente en España el 75 por ciento de las prestaciones son de servicio frente a las económicas y en Andalucía existen 60.000 trabajadores en dependencia, de los que el 90 por ciento son mujeres que están en un "empleo precario del que se quejan del aumento de la jornada, de disminución de salarios, recortes de derechos y sobrecarga del trabajo físico y mental".
La dirigente de UGT ha precisado que las trabajadoras están sometidas a unos horarios que "son para nada controlables y a una sobrecarga de trabajo físico que provoca patologías músculo-esqueléticas. Además sufren estrés que provoca muchas afecciones de tipo emocional que pueden terminar con una patología física".
"Además, las empresas adjudicatarias del servicio en ocasiones no cumplen con la ratio establecida, esto significa que a lo mejor le dan más cantidad de dependientes que tienen que atender, con lo cual la calidad es menor porque no pueden dedicarles todo el tiempo que deberían", ha añadido.
Al respecto, ha indicado que "para asegurar la calidad y eficiencia de los servicios del sistema de dependencia en nuestro país y nuestra comunidad autónoma en concreto debemos de tener una financiación adecuada que haga los trabajadores tengan un empleo de calidad".
Asimismo, ha apuntado que aunque "es cierto que el presupuesto de este año para la comunidad autónoma ha tenido un incremento, este ha sido totalmente insuficiente para cubrir todas las necesidades".
Por estos motivos ha resaltado que hay movilizaciones en toda España porque se está negociando actualmente el octavo convenio marco estatal de atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
UGT busca con la negociación "las mejoras salariales y de condiciones para estas compañeras", ha asegurado Castilla, que ha recordado que "en la última reunión que fue el 26 de septiembre planteamos esa subida salariales y la respuesta que obtuvimos fue un 'no' sin ningún tipo de propuestas".
Castillo ha señalado que "el año pasado se firmó por parte de las organizaciones sindicales más representativas con la patronal el cuarto acuerdo para el empleo en la negociación colectiva y se firmó por parte de la patronal que se estaba de acuerdo, los pactos están para cumplirlos, en que no hubiese ningún convenio en el año 2020 salarios por debajo de los 1.000 euros".
La dirigente sindical ha considerado que esto "es una contradicción", puesto que "se niega la patronal a esa subida salarial sobre todo en unas condiciones de partida que tienen las trabajadoras de dependencia".
"Debido a esta situación el día 30 de octubre hubo una concentración regional frente a la sede de la CEA en Sevilla y hoy hay movilizaciones en diferentes provincias de todo el territorio estatal para reivindicar el desbloqueo del convenio, que la patronal se siente, que negocie con los agentes legítimos representantes de los trabajadores, en este caso las organizaciones sindicales", ha incidido.
REVISIÓN DE RATIOS Y CONDICIONES LABORALES
Castilla ha anunciado que el sindicato va a emprender una campaña "donde vamos a estar muy atentos al registro horario, porque ya debe cumplirse por ley, planes de igualdad y que ningún empresario se niegue a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional".
Asimismo, ha señalado que "hay que revisar urgentemente las ratio (número de trabajadores/usuarios)", que, por ejemplo, en un centro residencial para personas mayores dependientes es de 0.5.
"No puede haber sobrecarga para las trabajadoras porque provocaría una repercusión en la calidad de los ciudadanos, hay que incluir en los pliegos las exigencias del convenio colectivo de aplicación y si no se cumplen debería ser como consecuencia inmediata la extinción inmediata de la concepción por el incumplimiento", ha continuado.
Además, ha abogado por "excluir aquellas empresas que han sido sancionadas por la autoridad laboral", por lo que ha pedido a las administraciones un mayor compromiso.
En esta línea, ha señalado que en los centros de atención a personas mayores "ha habido un aumento del coste/plaza en julio, que estaba totalmente paralizado y bloqueado del año 2012, entre 1,5 y 3,5 por ciento", a lo que ha añadido que esperaban con el aumento de ese coste/plaza "una correlación en un aumento del salario de las trabajadoras", algo que no se ha producido, ha lamentado.
"No ha redundado en este reparto de la riqueza que es necesario en este giro social que debe tomar la sociedad española y la andaluza. Nos quejamos también del copago que tienen que pagar los dependientes, que es muy elevado", ha afirmado.
De igual forma, ha concretado que en servicio de ayuda a domicilio, con personas "muy cualificadas", las empresas "lo que tienen que hacer es cumplir con la legalidad vigente y la prevención de riesgos laborales", pues ha asegurado que existen trabajadoras "que son contratadas por tres horas al día y tienen jornadas parciales; trabajan media hora por la mañana, media por el día y dos horas por la tarde, lo que afecta a su conciliación".
"Existe también un desajuste entre cómputo de horas trabajadas y financiadas, la trabajadora trabaja más horas de las que está registrada", ha proseguido.