Unidas Podemos pide en Diputación de Málaga que las entidades bancarias refuercen sus recursos para atender a mayores

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Unidas Podemos en la Diputación de Málaga presentará una moción el próximo martes en comisión para pedir a las entidades bancarias que operan en la provincia que refuercen los recursos que tienen para dar un servicio adecuado en el horario de oficina para atender las necesidades de los usuarios, en especial de los mayores que no pueden acceder a gestiones a través de Internet y que "se ven abocados a situaciones penosas a la hora de acceder a las oficinas bancarias".

En la moción se reclama a todas las entidades bancarias de la provincia que presten un servicio de atención prioritaria a personas consumidoras vulnerables y que el Ministerio de Economía aplique la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, especialmente en cuando a dicho consumidor considerable vulnerable.

"El cierre de sucursales así como de cajeros automáticos, la saturación y las colas, las elevadas comisiones y la digitalización a marchas forzadas son algunos de los problemas que nuestros mayores y los consumidores en general sufrimos", recuerda Unidas Podemos en la moción, en la que insisten en la creación de una banca pública "que buscase la rentabilidad social", algo que, inciden, "las entidades bancarias no persiguen".

"La banca dice que tiene pérdidas, lo que en su lenguaje significa que ahora gana menos que antes, se impacienta y adopta un camino que cree va a facilitar alcanzar sus objetivos", añaden.

El pasado 19 de enero de 2021 fue aprobado por el Consejo de Ministros, un Decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, donde se ha incorporado la figura de la persona consumidora vulnerable, añadiéndose a la normativa nacional referencia expresa a estas personas o colectivos en aquellos aspectos relativos a las relaciones de consumo donde sus derechos requieran de una protección reforzada.

Se trata, por tanto, de un marco normativo que permite a las administraciones públicas activar políticas que busquen corregir o minimizar las situaciones de indefensión o desprotección que pueden sufrir muchas personas en las relaciones de consumo. A la vez se mandata a las administraciones públicas a orientar sus políticas de consumo hacia estas personas, tratando de remover las circunstancias que generan vulnerabilidad e indefensión.

"Al igual que a las administraciones públicas, por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos necesarios a las personas consumidoras vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman", recuerdan desde Unidas Podemos.

Según esta normativa, en esa definición de persona consumidora vulnerable están las personas de edad avanzada con un bajo nivel de digitalización, aquellos con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial con dificultades ante la falta de accesibilidad a la información según sus necesidades; personas con bajo nivel educativo a la hora de firmar contratos complejos; mayores no habituadas a utilizar la tecnología de compras online; niños, niñas y adolescentes ante comunicaciones comerciales que pueden buscar un aprovechamiento de su menor capacidad para reconocer peligros o aquellos con residencia en lugares rurales o aislados sin acceso cercano a entidades financieras.

En este sentido, desde Unidas Podemos solicitan a la Diputación Provincial de Málaga, además, que adapte los protocolos de Atención Ciudadana para incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable, desarrollando una normativa específica si fuese necesaria.