Sánchez Rubio comparece en Comisión para informar de las medidas puestas en marcha por la Junta tras los "incumplimientos" en dependencia
SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Andalucía ha incorporado a más de 10.200 personas en situación de dependencia tras la puesta en marcha, hace tres meses, de un plan para "mitigar los recortes del Gobierno central en materia de dependencia". Así lo ha resaltado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su comparecencia esta martes en la Comisión parlamentaria de su departamento.
Sánchez Rubio ha informado también en el Parlamento que en los dos últimos años han sido más de 85.000 las personas las incorporadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía, siendo mes a mes la comunidad líder en atención a la dependencia desde la puesta en marcha hace diez años de la Ley de Dependencia.
La Junta de Andalucía se ha visto obligada a poner en marcha este plan en materia de dependencia "tras los numerosos recortes" llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía deje de recibir 625 millones de euros desde 2012, además de otros 16 millones por el pago de la teleasistencia avanzada, lo que se traduciría en la atención a 105.000 personas más. Actualmente, destaca la consejera, la Junta financia el 80 de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la ley.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado las medidas aprobadas por la Junta en los últimos años para seguir impulsando la dependencia, haciendo especial hincapié en el Plan para la reducción del tiempo medio de espera de respuesta asistencial, que fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 7 de marzo. Las más de 10.200 personas incorporadas (5.775 con grado I) se benefician de un total de 12.882 prestaciones.
La consejera ha destacado que "el único propósito de dicha estrategia es el de agilizar la entrada al sistema de las personas que se encuentran en situación de dependencia". Para ello, el plan cuenta con tres bloques de medidas. "El primero está centrado en la agilización de los procedimientos, con el objetivo de acortar los tiempos en la tramitación, de forma que los plazos se reduzcan al máximo. Para ello se está elaborando un nuevo Decreto con el objetivo de reducir todo el proceso a una única fase, a una única resolución", ha subrayado.
El segundo bloque trata de la ampliación de los supuestos de excepcionalidad para el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. "De este modo, se incorporan a los menores de 21 años en etapa escolar, las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquéllas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes, y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios", ha recordado Sánchez Rubio.
Por su parte, el tercer bloque de medidas es el que se centra más en la atención a las personas con dependencia grado I (dependencia moderada). "Para ello, vamos a potenciar las medidas recogidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y la Prevención de la Dependencia 2016-2020. Un Plan que cuenta con una inversión de 1.765 millones de euros", ha subrayado la consejera.
Sánchez Rubio ha detallado los tres aspectos más destacables de este tercer bloque, como la teleasistencia avanzada (se han incorporado más de 4.000 personas en los dos últimos meses); los Centros de Participación Activa donde se realizan actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, deportivas, musicales, artesanales, turísticas, etcétera, todas ellas orientadas a la promoción de la autonomía de las personas (más de 1.400 personas cuentan con el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal); y colaboración con las Corporaciones locales, que realizarán programas y actividades grupales de carácter preventivo y ocupacionales.
En los presupuestos de 2017 Andalucía consigna un total de 1.188 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el diez por ciento acumulado a lo largo de la legislatura. La aportación económica de Andalucía ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha señalado que "pese a los recortes de Mariano Rajoy que postergaron la entrada de dependientes moderados en el sistema, la ley de dependencia contempla 20 horas de ayuda a domicilio a los dependientes moderados, y sin embargo eso está excluido del plan andaluz".
"No lo entendemos, porque en un plan de la comunidad que trata de acercar los derechos a los dependientes de grado I no parece razonable excluir esta prestación del servicio a domicilio", incide la diputada de IU, un extremo que, sin embargo, niega la consejera, que afirma que "en ningún momento la ayuda a domicilio se deja de contemplar" y que, además, ésta "tiene un carácter prioritario".
Así, Cortés asegura que "harán un seguimiento" de este plan, porque "la sensación que tiene mucha gente es que se borra de un plumazo la ayuda a domicilio del grado I de dependencia moderada", e insiste en que "estarán atentos a la materialización del plan y al programa individual de atención (PIA) de grado I de ayuda a domicilio".
