GRANADA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero Antonio Ávila se ha mostrado a primera hora de este martes "tranquilo" antes de declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, adonde, como aforado, ha sido citado por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, por el que tendrán que comparecer en los próximos días otros exconsejeros de la Junta, como Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. "Después de 17 años trabajando en la administración pública yo no tengo nada que ocultar", ha dicho.
En declaraciones a los periodistas unos 15 minutos antes de la hora fijada por el Alto Tribunal andaluz para la comparecencia, señalada para las 10,00 horas, Ávila ha recordado que fue citado hace un año y medio y se ha mostrado "satisfecho" de que haya sido aceptada su petición de declarar voluntariamente y pueda "aclarar lo que tenga que aclarar".
"Después de 17 años trabajando para la administración pública yo no tengo nada que ocultar y todas las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar durante este tiempo saben de mi honestidad y saben de mi honradez y eso es de lo que se trata en este momento de sacar adelante", ha indicado el exconsejero, que está confiado y presto a colaborar con la justicia.
La ronda de declaraciones en el TSJA continuará este miércoles con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el día 14 de abril con el exconsejero Francisco Vallejo, que también solicitaron declarar de manera voluntaria.
El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados --todos los imputados a excepción de Manuel Recio-- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Alaya.
El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas --tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala--, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".
Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.
