Explican que pretenden "contrarrestar la opacidad" del Gobierno en este asunto
SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha publicado este jueves, dentro de la campaña #VidasSinRastro a la que se han adherido más de un centenar de organizaciones, un documento informativo sobre la gestión de las migraciones en la frontera sur destinado a las familias de las personas "muertas o desaparecidas" intentando alcanzar la costa española, para explicar "qué ocurre" con ellas "desde que son rescatadas por Salvamento Marítimo".
La asociación ha explicado en un comunicado que el objetivo del documento es "contrarrestar la opacidad con la que el Gobierno español gestiona las migraciones en la frontera sur" y "evitar que esta falta de transparencia fomente y se utilice para traficar, con fines lucrativos, con la información en perjuicio de los derechos de las familias".
De esta forma, ha señalado que en este documento se informa sobre "qué ocurre con las personas desde que son rescatadas por Salvamento Marítimo hasta que pueden ser puestas en libertad o internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)". También se facilitan teléfonos y correos electrónicos, tanto de las comisarías de Policía Nacional, como de diversas entidades que trabajan en el terreno con las personas migrantes.
La Aphda, aludiendo a "los problemas con que se encuentran las familias a la hora de interponer una denuncia por la desaparición", ha hecho hincapié en que los Estados tienen "la obligación" de activar "los mecanismos necesarios" para la búsqueda, averiguación y localización tras la denuncia. "Es un principio del derecho internacional y garantía de los derechos humanos que ha de ser respetado en todo momento, es por tanto en una obligación", ha resaltado.
Asimismo, ha incidido en que los acuerdos de las autoridades con los países de origen, tránsito y destino "tienen en el centro, exclusivamente, el control migratorio y no el respeto por los derechos humanos, ni se implican de forma real para dar una respuesta adecuada en la desaparición de personas en movimiento".
Un ejemplo de ello, expone, es "la respuesta" del ministro del Interior y del Gobierno español tras el suceso del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla y Marruecos, donde murieron "al menos 27 personas", según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, "y se tiene la constancia de la desaparición de otras 64".
En esta línea, la entidad ha declarado que "es inaudito" que la información sobre los protocolos de búsqueda de personas en la frontera sur "dependa de la voluntariedad del funcionariado o de las ONG que trabajan en el terreno ante la desidia" de la Administración, por lo que se sigue demostrando el sesgo racista y xenófobo de las políticas migratorias y que para quienes gobiernan todas las vidas no valen lo mismo".
Se ha referido así la organización al trabajo que "muchas organizaciones llevan haciendo para localizar a las personas desaparecidas o fallecidas en los numerosos naufragios que desde 1988 ha costado la vida al menos a más de 12.208 personas".
Por otro lado, ha recordado que la campaña #VidasSinRastro se lanzó el pasado 10 de mayo, además de un manifiesto apoyado por más de un centenar de organizaciones en el que se exponían "las trabas burocráticas y dificultades" a las que se enfrentan las familias para localizar a sus seres queridos en la frontera sur española.
El manifiesto de denuncia incluye siete propuestas, basadas en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, tales como "la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, búsqueda, localización e identificación de personas fallecidas o establecer un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen, por ejemplo".
Por último, la entidad ha enviado una queja al Defensor del Pueblo, acompañada de las medidas señaladas para evitar la "desprotección institucional" e instando "a cumplir los pactos y acuerdos internacionales" que garanticen "los derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos 'post mortem' de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias".
