SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha valorado las dos sentencias falladas por el Tribunal Supremo en las que establece que es Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, quien debe asumir los costes de atención médica en hospitales públicos que reciba la población reclusa afiliada a la Seguridad Social porque "resuelve un vacío legal", pero ha pedido la transferencia de la competencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas.
Así se ha manifestado en declaraciones a Europa Press el delegado de Apdha de Granada y miembro del Área de Cárceles de la asociación, Francisco Miguel Fernández Caparrós, quien ha valorado las sentencias dictadas este pasado lunes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Subremo en respuesta a dos recursos de los servicios de salud de Madrid y Andalucía, dando la razón a estas administraciones y fijando el criterio que se deberá seguir en caso de que no exista convenio de colaboración entre la correspondiente comunidad autónoma e Instituciones Penitenciarias.
Fernández ha calificado la decisión del Supremo como "una buena noticia" porque la ausencia de legislación "afectaba a la salud de las personas presas" y ahora se ha fijado una norma a seguir. No obstante, ha lamentado que el Tribunal Supremo "ha perdido una ocasión magnífica" para referirse a la "obligación que desde 2003" existe de "transferir las competencias en materia de sanidad penitenciaria desde el Gobierno central a las comunidades autónomas".
El representante de Apdha ha aludido la a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su disposición adicional sexta establece que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud".
Según ha apuntado Fernández, esta disposición adicional "aún no se ha hecho", ya que a día de hoy solo Cataluña y País Vasco tienen esta competencia transferida, Navarra se encuentra en procesos de realizarla, y el resto tratan este tema como "una patata caliente que ninguna comunidad autónoma quiere asumir" y "se mantienen con convenios de colaboración cuando estos en varios casos ya han expirado".
"No sería descartable que tengamos más litigios en este sentido condenando los costes a instituciones penitenciarias en el caso de ausencia de convenio", ha enfatizado, tras afirmar que "aun queda por resolver lo que provoca el problema, que es la asunción de la competencia por parte de las comunidades autónomas", ya que "los convenios de colaboración no son más que parches".
Preguntado por qué no se ha producido lo que indica la disposición adicional sexta de la ley de 2003, el representante de Apdha ha concluido que se deba a "la negativa" de los Gobiernos regionales "por una cuestión económica", ya que tendrían que asumir el coste económico de la atención sanitaria a los presos. "Por desgracia, el Supremo en las dos sentencias no dice nada sobre esto. Hubiera sido interesante tener un pronunciamiento sobre este mandato", ha sentenciado.
