APIA alega tras proponer los juzgados la nulidad por falta de audiencia de las órdenes de ESO y Bachillerato

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha presentado alegaciones en plazo contra la decisión de los juzgados de proponer, mediante la apertura de la ponencia de la Sala de un incidente a instancias propias, la nulidad de las órdenes del currículo del Bachillerato de julio de 2016 y la regulatoria del currículo de la ESO, al entender que se han dado defectos en el trámite de audencia.

Sin embargo, fuentes del colectivo han explicado a Europa Press que aunque APIA ha recurrido estas órdenes no es para su nulidad total, sino para corregir varios artículos de las mismas, y que al entender que el trámite de audiencia estaba en orden en ambos casos --de no estarlo existe jurisprudencia que justifica la decisión de la Sala-- se ha decidido alegar para que la causa judicial pueda seguir su rumbo.

En sus acciones APIA sostiene que la Consejería habría alterado el modelo de acta de evaluación final del Bachillerato, recogido en una norma básica de carácter estatal, al añadir "de forma espuria" unas anotaciones referidas al nivel competencial alcanzado por el alumno, ignorando, según los profesores, que la calificación numérica contenida en dichas actas ya es expresión del logro de los objetivos competenciales fijados.

También se habría incurrido en ilegalidad en los artículos relacionados con la prueba extraordinaria de septiembre, recogida en la Ley Orgánica de Educación. Por un lado, se establece la obligación de elaborar un informe de evaluación negativa por parte del profesorado de las materias correspondientes, con la propuesta concreta de recuperación, para, más adelante, disponer, "en flagrante contradicción con lo expuesto", que la prueba extraordinaria de septiembre sea elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, en lugar del profesor titular que tenga el alumno con la materia pendiente, "generando con ello una notoria inseguridad jurídica".

El sindicato de docentes andaluces se apoya no únicamente en su propio criterio razonado, sino también en los dictámenes de la Secretaría General Técnica de la propia Consejería, de su asesoría jurídica y de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aportados en todos los casos al expediente.

El colectivo de profesores afirma que "en esta tendencia oscurantista, que tan reiteradamente exhibe la Consejería cada vez que tiene ocasión", la Junta busca limitar de manera extraordinaria la difusión de los resultados de dichas evaluaciones hurtando al conjunto de la comunidad educativa su conocimiento.

En su lugar, la Consejería ordena que los resultados sean conocidos en exclusiva por una "restringidísima" comisión para ocultar el "fracaso" del sistema educativo en la comunidad. De hecho, la demanda interpuesta por APIA se dirige también contra la creación "completamente espuria" de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, encargadas de informar de las reclamaciones en segunda instancia a las calificaciones finales de la ESO y el Bachillerato.