Aplazadas las citaciones a cargos de Salud investigados tras querella de cárnica cerrada en Cájar (Granada)

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha aplazado la citación para las declaraciones del delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos, y el resto de cargos e inspectores denunciados tras la querella presentada contra ellos por la empresa cuya cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano, fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes. Se los cita a declarar como investigados para preservar sus derechos.

Fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han detallado que las declaraciones, que estaban programadas en principio para los pasados días 14 y 15 de julio en el marco de estas diligencias, serán los días 23 y 28 de octubre después de la solicitud de aplazamiento formulado por la parte denunciante. Hay nueve denunciados, entre ellos la propia Junta, han precisado.

Desde la empresa han comentado a Europa Press que se preguntan "qué es lo que esconde la Administración con Cárnicas Sierra Nevada" con "afectados nulos" y sus instalaciones clausuradas, a diferencia de otros casos similares en que, habiendo "gente afectada", las "empresas siguen funcionando".

Desde la Junta se indicó a Europa Press a finales del pasado junio, cuando trascendió las citaciones a los cargos de Salud y desde el respeto al proceso judicial, que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó "siempre en el marco de la responsabilidad que tiene respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y también de garantía de las empresas".

Fuentes cercanas al caso detallaron a Europa Press que entre los investigados están también la jefa y un agente de salud pública, tres inspectores y funcionarios que llevaban el procedimiento, todos ellos las personas contra las que se presentó esta querella que va también contra la Junta por su posible responsabilidad civil subsidiaria.

La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, y delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.

También por supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según especificaron estas mismas fuentes cercanas al caso.

Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que había abierto diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de la puesta en el mercado de productos que fueron inmovilizados cautelarmente por el citado resultado laboratorial.

Fue a finales de octubre de ese mismo año cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano de la puesta en el mercado de los productos que fueron inmovilizados.

No constaron afectados en relación con esta alerta alimentaria si bien la Junta informó en ese momento en una nota de prensa, los productos habían sido distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como en un establecimiento ubicado en Islas Baleares.

Posteriormente se conoció que la Junta había reforzado los controles en la cárnica, en el marco de esta investigación en la que colaboró la Guardia Civil y conllevó en un primer momento a la limitación de la actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras un primer cierre de su actividad al detectarse en algunos de sus productos presencia de listeria monocytogenes.

(EUROPA PRESS)