Esta protesta se realiza tras la negativa a autorizar la misma convocatoria el 1 de diciembre, día previo a las elecciones andaluzas
SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Justicia por la Sanidad convoca una manifestación
el próximo día 20 de enero en Sevilla contra la corrupción sanitaria, política y judicial, una manifestación que se realiza tras la negativa de las autoridades a autorizar la misma convocatoria el pasado día 1 de diciembre, el día anterior a las elecciones andaluzas. Por ello, se hace un llamamiento a toda la sociedad andaluza a salir a la calle este día para marchar pacíficamente contra la corrupción.
Así lo ha indicado esta asociación, que hasta mediados de diciembre presidía el doctor Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman', a través de un comunicado en el que ha advertido de que el sistema sanitario "está en grave peligro" y de que "los recortes y la falta de inversiones dejan muy tocada a la sanidad pública y va a provocar un quebranto a corto plazo del sistema sanitario público ya que, al tener menos recursos, unido al envejecimiento de la población, el sistema dentro de unos años entrará en quiebra", y "lo peor de todo esto es que se lo lleva a la quiebra de manera intencionada por la falta de liquidez y de inversiones necesarias".
Del mismo modo, ha lamentado que Andalucía "tiene el menor gasto sanitario por habitante de toda España, tan solo 1.169 euros por habitante, un 20% menos que la media nacional" y ha señalado que "conviene recordar que entre el año 2008 y el 2014 se recortaron o se dejaron de invertir en sanidad durante estos seis años 1.570 millones de euros, convirtiéndola en una sanidad 'low cost'". Además, denuncian que "los recortes en materia de personal se han traducido en la destrucción de 7.265 puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en las provincias de Málaga y Sevilla".
"En Andalucía la fusión hospitalaria que nos vendieron desde la Junta no era más que una forma de ahorrar, pero no era una forma de gestionar la salud de los andaluces. Gracias a las fusiones las listas de espera se dispararon por toda la región, mientras los responsables sanitarios no eran capaces de dar solución alguna, y se repartían jugosas productividades entre ellos", ha manifestado la asociación.
Además, añade que en Andalucía "se ha tenido que esperar a las elecciones para que el SAS publicara, con seis meses de retraso, los datos sobre las listas de espera. Y los datos nos indican el empeoramiento que ha sufrido la atención sanitaria". Según los datos publicados, critica que "aumentan las personas a la espera de una operación, que este año son 71.868 frente a las 69.005 del pasado año, más gente aguardando una consulta externa, en 2018 son 222.962 y en 2017 eran 206.765, y más andaluces a la espera de una prueba diagnóstica, 41.425 este año por los 31.254 del pasado año".
"Los peores datos de toda Andalucía se dan en Granada con 11.469 granadinos que están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente (nada menos que un 22,3% más que el año pasado), de una primera cita para el especialista, 26.657 personas y de realizarse una prueba diagnóstica, 10.490 personas", lamentan desde la asociación, que asegura que el gobierno de Susana Díaz "ha estado obsesionado los años de la crisis con los recortes de la sanidad, con el objetivo final claro de quien pueda pagarse la sanidad privada que se vaya de la pública".
También señala que se manifiestan contra la corrupción política, y en este sentid apunta que en España "ha habido más de 2.000 casos de corrupción desde al año 2000 " y que "algunos cifran la cantidad que se ha perdido en 122.000 millones de euros". Además, apunta que en Andalucía "se han generado algunos de los mayores casos de corrupción de toda Europa" y que "el dinero que se haya bajo la investigación judicial y que se ha ido por las cañerías de la Junta alcanza la enorme cifra de 4.940 millones de euros, en casos que han llevado al banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a la flor y la nata de los altos cargos de esta".
"No son casos nuevos en Andalucía. Parece que se nos han olvidado los casos como el Chalé de Escuredo, el caso del Edificio Presidente, el caso Costa Doñana, el caso de la creación de la RTVA. El caso Juan Guerra, el caso Ollero, el caso Malaya, el caso Estepona, el caso Poniente de Almería, etcétera", añade Justicia por la Sanidad, toda vez que dice que "los denunciantes de la corrupción en Andalucía tienen un futuro extremadamente incierto", ya que "la lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga".
En cuanto a corrupción judicial, destacan que "no existe una verdadera democracia si no existe justicia" y que las instituciones del Estado "se están alejando peligrosamente de los límites marcados por la Constitución hacia un limbo que beneficia a los partidos que las gobiernan, lo que ha provocado que hasta los propios ciudadanos empiecen a dudar de sus instituciones". "El mercantilismo partidista para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial pone en entredicho la esencia de independencia de la Justicia", agregan.
"El Consejo de Europa ha advertido desde 2014 a España, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), en sus últimos tres informes sobre la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial, entre ellos, de los vocales del Consejo del Poder Judicial".
De este modo, explica que el toque de atención de las instituciones europeas llegó tras el informe sobre Percepción de la Corrupción elaborado por la agencia Transparency Internacional, según el cual, por puntos, "España queda a la altura de países como Libia, Brasil y Turquía". "El citado documento revela que dos Estados miembros de la Unión Europea, precisamente España y Hungría, figuran entre los países donde más ha empeorado la percepción de que los jueces y magistrados están contaminados por elementos externos".
En cuanto al caso concreto de España, el Consejo de Europa advierte de que el sistema judicial "es ya la tercera institución menos valorada y que el 51% de los encuestados reconocieron desconfiar de la misma". Si bien la Resolución valora los esfuerzos que nuestro país ha realizado en los últimos años, como la creación de organismos de lucha contra la corrupción, el Consejo" muestra sus dudas sobre la eficacia de las medidas", concluye.
