Publicado 07/07/2022 12:08

ATA-Sylvia Rivera lleva al Defensor del Pueblo a la Junta por el "retraso injustificado" en el pago de una subvención

Archivo - Bandera trans en una imagen de archivo
Archivo - Bandera trans en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Trans de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera) ha llevado al Defensor del Pueblo a la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía por el "retraso injustificado" en el pago de una subvención que está ocasionando "un grave perjuicio" a la entidad".

ATA-Sylvia Rivera ha explicado a través d eun comunicado que presentó un programa para la inserción laboral de las personas trans en Andalucía, en la convocatoria de 2020 de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF para fines sociales en Andalucía de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

La Asociación ha señalado que dicho programa en esta ocasión fue excluido, "a pesar de que era un programa único y pionero en nuestra comunidad, que venía desarrollándose desde hace dos años con gran éxito, en el que se contaba con una bolsa de empleo que estaba ofreciendo soluciones de empleabilidad a una población, como son las personas trans, muy vulnerable y con graves dificultades para entrar en el mercado laboral".

Desde la asociación se presentó recurso a dicha exclusión, que fue aceptado y se notificó con fecha 18 de noviembre de 2021, consignándose una cantidad para el desarrollo del programa de 11.769,12 euros, según ha detallado.

ATA-Sylvia Rivera ha apuntado que las informaciones por parte de la administración de la Consejería de Igualdad a partir de aquí, con respecto al pago de dicha cantidad para ejecutar el programa "comenzaron a ser contradictorias", a pesar de que "en las bases de la convocatoria se especificaba de manera muy clara que el pago de la misma era al cien por cien del importe y anticipado a su ejecución, de igual modo en la resolución complementaria hecha pública el 5 de mayo de 2022 se indicaba que éste se realizaría en los mismos términos que señalaban las bases".

"Por el contrario, desde la Consejería de Igualdad y de manera arbitraria, incumpliendo sus propias bases de la convocatoria, no han procedido al pago, ni hay fecha para el mismo, ocasionando un grave perjuicio para la entidad que ante los retrasos injustificados en el pago por parte de la Consejería de Igualdad, ha tenido que adelantar todo el importe de la subvención produciendo una asfixia económica que pone en riesgo la existencia de la propia entidad", han apostillado desde la entidad.

En esta línea, la Asociación Trans andaluza ha puesto de relieve que tras un proceso "plagado de irregularidades en cuanto a informaciones contradictorias ofrecidas por la Consejería de Igualdad y actuaciones que no se ajustan a ley como el retraso injustificado del pago, la Asociación Trans de Andalucía ha pedido amparo y elevado una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz y su homólogo en el Estado, a través del asesoramiento jurídico, elaboración y redacción de ambas quejas por parte del abogado especialista en derechos humanos y colectivo Lgtbiq Saúl Castro presidente de la asociación 'No es terapia' y cuya colaboración ha sido altruista".

En dichas quejas se destaca que esta situación "provocada" por la administración andaluza "menoscaba el derecho a la libertad de asociación, imponiendo trabas burocráticas y contradictorias, con el agravante de que se hace a una asociación histórica, como es ATA-Sylvia Rivera, que cuenta con 15 años de antigüedad, en los que ha impulsado cambios sociales y legislativos en nuestra comunidad a favor de los derechos humanos de un colectivo históricamente muy vulnerable, situando a Andalucía como un referente para los derechos de las personas trans, en nuestras fronteras y fuera de ellas".

De la misma manera, se hace referencia al último informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi, presentado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se dice que "la concesión de ayudas públicas no debe poner a las asociaciones en una posición vulnerable ni utilizarse como medio para controlar o vigilar a las organizaciones de la sociedad civil".